La Xunta podría decidir hoy si apoya la propuesta de Zapatero o establece medidas singulares para Galicia
Sebastián solo logra garantizar 1.500 euros por cada coche comprado y deja en manos de las comunidades los otros 500 prometidos
El Ministerio de Industria rebajó ayer de 2.000 a 1.500 euros las ayudas directas para la compra de automóviles. El Gobierno solo pudo garantizar los 500 que saldrán de las arcas del Estado y los 1.000 que aportarán los fabricantes. El dinero que falta para completar la propuesta inicial del presidente Zapatero, otros 500 euros, tendrían que llegar de las comunidades autónomas, pero de momento quedarán al arbitrio de cada Gobierno regional.
La reunión de tres horas mantenida ayer en Madrid entre el ministro y los consejeros de Industria de toda España no acabó en consenso. A cambio, Sebastián aseguró que la medida entrará en vigor el próximo lunes, para evitar una congelación de las ventas en España hasta que el Ejecutivo y las comunidades autónomas se pongan de acuerdo.
En el caso gallego, la Xunta podría decidir hoy mismo si aporta o no los 500 euros que anunció Zapatero. El responsable autonómico de Industria, Javier Guerra, criticó la falta de rigor del Gobierno central por no haber consultado la decisión. Galicia estudiará «medidas propias», al igual que están haciendo la mayoría de las comunidades.
Sebastián dijo ayer que la negociación para que se sumen a las ayudas el resto de las Administraciones «sigue su curso en un buen ambiente» y añadió que «hay tiempo suficiente este fin de semana para que todas las comunidades puedan sumarse a la iniciativa».
En sus declaraciones, hizo hincapié en la «conveniencia» de conseguir una «plena coordinación» entre las autonomías en la asunción de la medida, porque una aplicación «unilateral y descoordinada» puede «incidir negativamente en la uniformidad de los mercados».
Reacciones
Sin embargo, la respuesta de las Administraciones periféricas difiere sustancialmente de este escenario. Únicamente Andalucía, Asturias, Aragón y Cantabria se han posicionado claramente a favor de aportar los 500 euros. Madrid se ha negado. Cataluña, al igual que Galicia, no ha querido aclarar si lo hará o no, y Valencia afirmó que mantendrá sus bonificaciones para el impuesto de matriculación como plan propio del sector.
Otro territorio con fabricantes, como Castilla y León, estudia la posibilidad de sumarse a este plan, aunque su Gobierno quiere promover su propia alternativa si finalmente se queda al margen de estas ayudas.
El vicepresidente segundo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, pidió ayer la extensión de las medidas a los vehículos comerciales y, como Galicia, lamentó la «improvisación».
Aragón, que integra al centro de producción de General Motors, ha dicho que se sumará a este plan, según las palabras de su consejero de Industria, Arturo Aliaga. En la misma línea, Cantabria expuso su posición favorable y, según su consejero, Juan José Sota, los vehículos que se matriculen en la comunidad contarán con la ayuda de la comunidad autónoma, además de la que ofrecen Gobierno y fabricantes.
El ministro no quiso concretar los territorios en los que puede haber más recelos a la hora de sumarse a la aportación de 500 euros, pero puntualizó que al final «los ciudadanos tienen que saber las comunidades que les facilitarán una ayuda de 2.000 euros y aquellas en las que el importe se limitará a 1.500 euros».? Miguel Sebastián explicó que el Gobierno central se ha inclinado por este incentivo directo, tras los buenos resultados del Plan VIVE, que ha cubierto su presupuesto para este año en la mitad del tiempo previsto (pretendía sacar al mercado 70.000 coches).
Para justificar la «urgencia», el ministro de Industria apeló a la necesidad de dar repuesta a los consumidores y evitar que el desplome de los mercados automovilísticos vaya más allá de lo que lo ha hecho en los últimos meses.
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