La federación gallega de promotores inmobiliarios quiere firmar en el menor plazo posible un pacto de «no agresión» con Caixa Galicia, Caixanova y Banco Pastor. Juntas, estas tres entidades manejan el 55% del mercado hipotecario gallego. En sus manos está la ejecución de la mayoría de los posibles embargos de inmuebles por impago, la concesión de nuevas hipotecas para la compra de pisos, o la llave de la financiación para las futuras promociones.
El de ahora será el tercer intento de sentar en una mesa de diálogo al sector constructor residencial y a la banca autonómica. El anterior conselleiro de Economía, el socialista José Ramón Fernández Antonio, ya recibió la petición de los promotores en dos ocasiones (octubre y diciembre del 2008). La federación gallega del sector, que preside Javier Garrido Valenzuela, trasladará en breve a la nueva Xunta su petición para una tercera tentativa.
Sobre el mantel hay dos elementos claves. De un lado, el desbloqueo a la financiación, tanto a los empresarios (para la promoción de viviendas), como a las familias (para la adquisición de las mismas). «De nada sirve, por ejemplo, hacer viviendas de protección oficial -comentó ayer el portavoz de Aproinco, Juan José Yáñez-, si luego las familias de rentas bajas con posibilidad de acceder a ellas tienen cerrado el grifo de las hipotecas».
Y, de otra parte, quieren que el pacto incida en la necesidad de que las entidades financieras no «compitan deslealmente en precios» con el sector. La batalla abierta entre las grandes promotoras y los bancos en toda España por la venta de pisos podría acabar dañando al sector tradicional de la promoción en Galicia. Los empresarios quieren un «compromiso» de la banca autóctona para que no «tiren» los precios de las viviendas que tienen en stock, algo que a su juicio perjudicaría «el funcionamiento normal del mercado». De momento, la política de rebaja aplicada por las entidades gallegas a sus pisos embargados afecta fundamentalmente a promociones fuera de Galicia. Pero el sector teme que esta se acabe extendiendo a esta comunidad autónoma.
Las grandes cifras de la vivienda gallega resisten la embestida de la crisis mejor que en España, pero no son ajenas a la misma. En los años de bonanza, en Galicia se iniciaban cada año 46.000 viviendas nuevas. En el 2007, fueron solo 30.000. El sector cree que el número «razonable» a partir de ahora no superará las 25.000 unidades anuales. Muchas de ellas serán viviendas de protección oficial, sobre todo en los próximos años. Pero ni siquiera estas tienen la venta garantizada. Los problemas para la constitución de hipotecas son por ahora «insalvables», a juicio del presidente de la federación de promotores, Javier Garrido.
Inseguridad jurídica
Para reactivar la política de vivienda en Galicia, en opinión de los promotores, es preciso retocar las Normas do Hábitat y resolver la inseguridad jurídica entre los ayuntamientos y la Xunta y en cuestiones como la edificación en la línea de costa. Los empresarios creen que estos conflictos entre normativas gallegas, nacionales y europeas son, en buena medida, las responsables de una caída de casi el 50% en los visados de nuevos proyectos.