La Xunta valora la posibilidad de abandonar la defensa legal del decreto eólico aprobado por el bipartito en el 2007 y que sentó las bases del polémico reparto del negocio gallego del viento. La estrategia supondría atacar los cimientos del castillo eólico edificado por el BNG en la pasada legislatura. Si los tribunales anulan esa norma, su desarrollo quedaría sin efecto y se desplomarían tanto la orden que desarrolló el decreto como el concurso abierto a finales del pasado año y que dejó admitidos a trámite 2.290 megavatios propuestos por 32 de las 170 empresas que pujaban en la contienda.
El decreto está recurrido por dos empresas. Una es la segunda firma española en el sector de las energías renovables, Endesa; y la segunda, el socio japonés de Acciona, Eurus. Ambas anunciaron ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sus pleitos contencioso-administrativos en el 2007. La Xunta tardó dos años en poner a disposición del juzgado toda la documentación requerida.
Hace poco más de un mes (durante los últimos días del bipartito) se remitieron desde San Caetano los últimos papeles al juzgado. Endesa, ahora controlada por la italiana Eni, tenía un plazo de 20 días para decidir si desistía en su empeño de atacar el decreto eólico gallego o presentaba el contencioso. Y ha optado por seguir la pelea en los tribunales. Los japoneses de Eurus esperan que el juzgado les abra el plazo legal para la presentación del contencioso, pero ya lo tienen preparado y argumentado legalmente.
A la Xunta del PP le toca ahora defender ante el Tribunal Superior un decreto en el que no cree e impugnar estos recursos contenciosos. El nuevo responsable de la Consellería de Industria y Economía, Javier Guerra, quiere que sus servicios jurídicos valoren si merece la pena esta batalla judicial o es mejor agilizar la decisión final de la judicatura. Si esta fuera aceptar los recursos, la última legislatura podría haber pasado en blanco para el sector eólico, ya que podrían quedar sin efecto tanto el propio decreto, como su orden posterior y el concurso todavía abierto. El BNG tampoco logró aprobar el nuevo plan sectorial eólico, aunque sí lo dejó redactado.
El PP no quiere flecos sueltos, y antes de tomar esta decisión pretende que los responsables jurídicos del Gobierno autonómico les aseguren que cerrar esta pugna legal no implicará abrir otra todavía mayor: la que podrían protagonizar las empresas beneficiadas por el concurso solicitando a la Administración gallega indemnizaciones millonarias por la anulación del reparto eólico.
En este escenario, la próxima semana será clave para el futuro del sector y, sobre todo, para el desenlace del mayor reparto de megavatios realizado nunca por una Administración autonómica en España: los 2.290 admitidos a trámite por el BNG el pasado diciembre.
La nueva Consellería de Industria y Economía no quiere esperar ni un minuto más para abrir el polémico melón del negocio del viento. Pero tampoco pretende dar pasos en falso. La estrategia a seguir vendrá marcada por los informes legales que esta misma semana comenzarán a elaborarse por imperativo del conselleiro, Javier Guerra, y de su director general, Ángel Bernardo Tahoces.
Las primeras entrevistas
En medio de estas polémicas decisiones, altos cargos de la consellería se entrevistarán esta semana con la Asociación Eólica Gallega (EGA) y con Red Eléctrica. La Xunta quiere pulsar no solo al sector, sino también al responsable de las infraestructuras de evacuación eléctrica que tendrán que garantizar la viabilidad de los nuevos megavatios generados por el viento.
La dirección xeral de Industria ha dado órdenes a sus delegaciones provinciales para que agilicen al mismo tiempo el recuento de todos los proyectos presentados por los concursantes admitidos a trámite en diciembre. La Xunta quiere saber si alguno ha renunciado a continuar su tramitación, antes de comenzar los filtros para cada uno de los proyectos. Hasta cuatro consellerías (Industria, Medio Ambiente, Facenda y Medio Rural) deberán informar cada expediente.