Admite la gravedad de la situación y dice que, de seguir la crisis, la cifra de desprotegidos podría incrementarse
16 abr 2009 . Actualizado a las 02:00 h.El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, rebajó ayer de un millón a «unos 300.000» los desempleados que carecen en España de cualquier tipo de cobertura. Insistió así en que las cifras que se manejaban en en las últimas fechas (algo más de 800.000 hogares con todos sus miembros parados, según la encuesta de población activa que elabora el INE; y un millón de personas inscritas buscando empleo) no se ajustan a la realidad de aquellos en ausencia completa de protección por desempleo, ya sea gracias a una prestación contributiva o asistencial.
Corbacho, pese a todo, subrayó que la cifra ofrecida por él mismo «no es exacta» y explicó que correspondía al número de personas que habían ido perdiendo las diferentes percepciones que tenían al quedar en paro. «Quedan sin protección y cada vez más en la frontera de la exclusión», apostilló.
Sobre la procedencia de este cómputo, el ministro admitió que «no hay un banco común de datos que nos lo diga, pero estamos cruzando los nuestros con los del Ministerio de Política Social y los de las comunidades autónomas».
«No niego que si la crisis se prolonga, esa cifra pueda ir incrementándose, pero, en cualquier caso, sea el número que sea, no hay que negar la importancia del problema, como tampoco negaré que si mañana alguien me dice que tiene un estudio fiable y que son 350.000, no se lo discutiré», subrayó.
Corbacho argumentó que los últimos datos de la encuesta de población activa, que cifraban en 827.200 los hogares con todos sus miembros en paro, no incluían la pregunta de si esa familia carecía de ingresos, pues «pueden estar desempleados pero percibir prestaciones o subsidios». Tampoco se puede deducir que el millón de personas inscritas en los servicios de empleo, y que no cobran ni paro ni subsidio de ningún tipo, carecen por completo de cobertura, «ya que hay 300.000 que buscan empleo por primera vez».
Pero el ministro no quiso quitar importancia a esas otras abultadas cifras, afirmando que «si hay 3,5 millones de personas que buscan trabajo, es evidente que, más allá de ese millón que queda fuera de la protección, tengan o no ingresos, existe un problema real, que es que quieren trabajar y desgraciadamente no encuentran dónde». Corbacho también insistió en que, por competencias, son los Gobiernos de las comunidades autónomas los que deben ampliar la cobertura social de los desempleados. Con todo, reconoció que, dadas las dificultades presupuestarias de todas las Administraciones, «no les produce entusiasmo ni ilusión hablar de aumentar el gasto», aunque «el Estado debe ayudar».
Los sindicatos, con Salgado
Por su parte, los líderes de UGT y CC.?OO., que ayer mantuvieron sendas reuniones con la ministra Salgado para reactivar el diálogo social, respaldaron el planteamiento del Gobierno de ampliar la protección de los parados que se quedan sin recursos, y que sean las autonomías las que se impliquen en ello. A partir de ahora, serán el Ministerio de Política Social y el vicepresidente Chaves, en lugar de Trabajo, quienes lo negocien con los Gobiernos autonómicos.