Medio Ambiente cede ante conserveras y piscifactorías por temor a deslocalizaciones.
10 abr 2009 . Actualizado a las 11:55 h.El refrán popular reza que no hay mal que por bien no venga. Y la treintena de empresas conserveras, mejilloneras y acuícolas obligadas desde el 2007 a abandonar la franja costera gallega de dominio público marítimo terrestre (entre 20 y 100 metros desde la pleamar) han terminado apelando a la crisis para forzar una «salida razonable», dicen, a un problema que se había enquistado.
El Ministerio de Medio Ambiente las obligó hace dos años a retranquear sus industrias a 500 metros de la costa. La orden incluía la amenaza de no renovar sus concesiones, firmadas a 30 y 50 años, pero revisables a los 10. El sector calculó que serían necesarios 600 millones de euros para trasladarse, cifra inabordable para muchas firmas, y más aún sin ayudas públicas.
Entre las plantas cuestionadas estaban además algunas enseñas de la acuicultura en España, como la de Pescanova en Xove, una de las mayores del país para la cría de rodaballo, con un pico de producción de 5.000 toneladas al año; o la de la luxemburguesa Stolt Sea Farm, en Muxía, cuya ampliación para la cría de lenguado se trasladó al sur de Francia y a California, con una inversión de 100 millones de euros.
Finalmente, el Ejecutivo ha terminado cediendo. Y lo ha hecho después de que algunas conserveras y plantas acuícolas de la comunidad amenazasen con deslocalizar su producción si las obligaban a abandonar sus emplazamientos en plena recesión económica.
La orden de retranqueo partió, a finales del 2006, de la ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona. Ahora han sido la actual titular de esa cartera, la gallega Elena Espinosa, y su secretario general del Mar, el también gallego Juan Carlos Martín Fragueiro, los encargados de flexibilizar la norma.
Al menos cinco compañías tenían sus concesiones caducadas desde agosto del 2007. Inicialmente, el Gobierno central no permitió a la Xunta que actuase como mediadora. A principios del 2008 cambió de actitud. La firmeza de la Xunta en la defensa de una salida negociada, y la suma de otras comunidades afectadas (Cataluña, País Vasco o Cantabria) acabaron por convencer al ministerio.
Medio Ambiente y Costas han optado por renovar las concesiones siete años más, con posibilidad de prórroga por otros siete, con el compromiso de que las empresas busquen posibles alternativas de emplazamiento para sus industrias afectadas por la franja de dominio público. Las industrias tendrán así una moratoria de 14 años para plantear alternativas. La Xunta, además, tendrá que buscar suelo disponible para hacer viables los traslados. Cuando no sea factible, el Gobierno se compromete a buscar fórmulas para que las empresas sigan operando.