Competencia obliga a las compañías a facilitar datos de sus clientes al resto de las firmas comercializadoras
07 abr 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Primer aviso serio de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) al sector eléctrico a escasos tres meses de la liberalización del sector para los clientes domésticos y las pymes. El organismo que preside Luis Berenguer ha impuesto multas que suman un importe de 35,8 millones a las divisiones de distribución de Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa y Viesgo.
La comisión castiga así lo que entiende como un «abuso de posición de dominio» de las compañías sancionadas, que han negado información relevante sobre clientes que estaban obligadas por ley a dar a la sección comercializadora de la firma británica Centrica. Las empresas sancionadas han explicado que recurrirán la decisión.
El consejo de la CNC ha dictado cuatro resoluciones independientes. Del total de la sanción, 15,3 millones corresponden a Endesa Distribución; otros 15, a Iberdrola Distribución; Unión Fenosa se enfrenta a una multa de cinco millones, y el medio millón restante deberá abonarlo Viesgo. El legislador, recuerda Competencia, ha desarrollado en la última década un conjunto de normas en pro de la transparencia y encaminadas a facilitar el acceso a la información sobre los consumidores a las comercializadoras independientes.
La negativa a ofrecer esa información, asegura la CNC, «restringe la capacidad para competir de la denunciante con las comercializadoras de los grupos -verticalmente integrados- denunciados». Creando así, añade Competencia, una desventaja informativa «que precisamente el regulador había querido soslayar mediante la aprobación de la pertinente legislación sobre acceso a la información».
Además, la comisión entiende que en el caso de Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa se ha cometido otra conducta abusiva, al negar a Centrica la información que, en cambio, sí dieron a las comercializadoras de sus propios grupos. Un claro ejemplo, entiende Competencia, de discriminación.
El argumento de la CNC se basa en el real decreto del 2002 por el que se creó una base de datos (denominada SIPS) en la que consta información detallada sobre los consumidores a los que las distribuidoras llevan la electricidad. Información que debe ser accesible a los comercializadores.
La obligación de ofrecer los datos a las comercializadoras levantó ampollas entre las grandes eléctricas. De hecho, la patronal del sector, Unesa, llevó el asunto a los tribunales, donde llegó a conseguir una paralización temporal de la medida. Un freno que anuló en mayo del año pasado la Audiencia Nacional.
Una batalla larga
La liberalización del mercado abrió el camino al cambio de compañía. Surgieron entonces comercializadoras al margen de los grandes grupos. Para facilitarles el trabajo, el Ministerio de Industria dispuso en el 2008 que estas empresas y la Oficina de Cambio de Suministrador pudieran acceder sin traba alguna al SIPS.
La británica Centrica fue la primera en quejarse ante la CNC por el supuesto «abuso» de las compañías dominadoras del mercado. Ahora, los técnicos de esta comisión le han terminado dando la razón.