La letra pequeña de los contratos que se firman al adquirir un teléfono móvil se convierte en ocasiones en una pesadilla para el comprador. Es el caso de una vecina de Ourense, que contrató una línea de telefonía móvil para su hijo con una cuota máxima de consumo de 20 euros. Esa limitación no impidió que recibiera en su domicilio dos facturas por un importe conjunto de 9.227 euros por los gastos originados por el menor en el terminal durante un período de dos meses.
El desfase entre lo contratado y la factura que reclamaba la operadora a esta familia ourensana estaba en el consumo de servicios de Internet a través del móvil. Según explicó la compañía a través de un escrito a la propietaria de la línea, había adquirido el servicio de control de consumo diferenciado, que tan solo limita los gastos relativos a las llamadas y a los mensajes de texto, pero que deja vía libre al acceso a Internet, lo que propició que su cuenta se disparara hasta los 9.227 euros debido a reiteradas conexiones a la Red.
El calvario de esta vecina de Ourense acabó en un «susto» de 354,11 euros. Después de varios intentos a la desesperada para no pagar la factura desproporcionada y no pasar a formar parte del registro de morosos, tramitó una queja en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Concello de Ourense. Desde allí remitieron sendos escritos a la operadora de telefonía móvil que finalmente procedió, según escrito remitido a la propietaria de la línea, a realizar la devolución del dinero correspondiente a los consumos tarificados por las conexiones a Internet, a cambio de que abonara los mencionados 354,11 euros.
No es el único caso
La historia de David Gulías Rivas es la de un padre ourensano que decidió comprarle un teléfono móvil a su hija de quince años. En el momento de la adquisición decidió imponer a la línea un límite de 20 euros mensuales de consumo en el que, según indicó, se incluían los gastos por llamadas, mensajes de texto y acceso a Internet. Durante varios meses, las facturas cumplían a rajatabla lo acordado y David pagaba de manera puntual los 20 euros de consumo de su hija. Sin embargo, la factura se disparó durante los meses de septiembre y octubre al llegar hasta los 559,01 euros.
Desde entonces inició una batalla administrativa con la compañía telefónica que todavía hoy sigue vigente. Según relata el denunciante, la operadora de telefonía móvil le reclama el pago de esa cantidad, pese a que habían firmado un contrato de consumo máximo de 20 euros al mes: «Me amenazan con ir a la vía judicial e investigar mi patrimonio».
El desproporcionado gasto se debe, según reconoce el propietario, a que su hija aumentó el límite del consumo a través del propio teléfono: «No puede ser que una niña de 15 años tenga libertad para ampliar el consumo como si fuera barra libre. Es necesario que haya un mayor control».