La patronal eólica gallega avisó ayer del «riesgo real de paralización» que vive el sector por la «inseguridad jurídica» que, a juicio de las grandes compañías, se desprende del reparto realizado por la Consellería de Industria. Ha sido necesario esperar 35 días para conocer el pronunciamiento oficial de la Asociación Eólica Galega (EGA) sobre la admisión a trámite de 78 parques, que suman 2.290,7 nuevos megavatios.
Al final, las empresas ratificaron punto por punto las dudas legales apuntadas desde distintos ámbitos sobre el desarrollo del mayor concurso público abierto hasta ahora por la Xunta de Galicia y también el mayor del sector en Europa. La patronal «acata» las reglas de juego de la Xunta, pero sigue cuestionando tanto el decreto sectorial que amparó las adjudicaciones como su desarrollo y resultado final.
El secretario general de la asociación, Íñigo Muniozguren, resumió en una frase el sentimiento del colectivo: «Creemos que se ha resuelto el concurso sin solucionar cuestiones básicas. Siguen sin estar claros los proyectos de evacuación a la red eléctrica, no está bien resuelta la participación pública y tampoco se han aclarado aspectos tan esenciales como la Red Natura o los Caminos de Santiago».
Como se esperaba, la asamblea de la Asociación Eólica Galega (EGA) decidió no acudir a los tribunales, para que sean las empresas, a título individual, quienes emprendan la defensa jurídica de sus intereses. El colectivo, que agrupaba al 90% de las firmas que venían operando hasta ahora en Galicia, pretende con este alejamiento de la vía judicial aglutinar a los nuevos empresarios que han entrado en el sector del viento gallego.
Varias de estas sociedades ya han manifestado su intención de adherirse a la EGA y, en los próximos días, los directivos invitarán al resto a sumarse, para «ganar representatividad».
Tres horas deliberando
La reunión de ayer, que se prolongó durante casi tres horas, evidenció la intención de algunas empresas de presentar recursos de reposición (por vía administrativa) y contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Los empresarios creen que hay «un riesgo real» de que la Justicia acabe paralizando al sector. Y culpan a la Xunta de no haber promovido el desarrollo de nuevos parques durante los últimos cuatro años.
Los únicos 565 megavatios admitidos a trámite en febrero del 2007 (adjudicados a once empresas para desarrollar planes eólicos pendientes) todavía están en los tribunales. Como también lo está el decreto del 2008, recurrido por Endesa y por Eurus, el socio japonés de Acciona en el grupo Eurovento.
Muniozguren repasó las últimas polémicas del concurso. Aludió a las «dificultades» de las empresas para acceder a los expedientes del concurso: «La Ley de Procedimiento Administrativo obliga a dar incluso copia de los expedientes a todos los afectados -comentó-; esperamos que lo hagan así porque lo contrario sería muy grave. Sé que muchas empresas han pedido los expedientes y, por ahora, no les han contestado. Esperamos que no se nieguen».
También expresó el temor de las compañías a que se les impida el desarrollo de los megavatios adjudicados en los filtros que deberán superar por parte de cinco consellerías: «Hay importantes inversiones previas que se pueden perder», apuntó. Y sobre los cerca de 40 parques en conflicto con la Red Natura o el Camino de Santiago, señaló que la Xunta «no ha establecido normas de prevención» sobre la futura Red Natura o la ampliación de la protección de las rutas jacobeas. En su opinión, la Ley de Espacios Naturales exige «declarar como protegible» una zona para aplicarle las restricciones, «y aquí no se ha tenido esa prudencia».