Fernando Martín pide permiso al Gobierno para que el convenio se alargue hasta ocho años en lugar de cinco

Entre la documentación entregada en el juzgado mercantil que lleva el concurso figura la copia de una comunicación dirigida a la ministra de Vivienda en la que se pide una autorización para alargar el plazo de espera del convenio. Apela a las singularidades del proceso.

El propio presidente de la compañía, Fernando Martín, firma el escrito en el que se refiere a Martinsa-Fadesa como una empresa «cuya actividad, dado el sector inmobiliario en el que se enmarca, y su gran volumen de negocio, sin duda tienen una gran trascendencia para la economía española» y suplica una autorización al Gobierno central para que se haga una excepción con el concurso de la promotora: «La propuesta del convenio prevé una espera de ocho años, plazo superior al límite general de cinco años previsto por el artículo 100.1 de la Ley Concursal».

Asimismo, recuerda que este cambio está contemplado por la norma vigente. «El artículo 100.2 de la Ley Concursal prevé que dicho límite podrá superarse en el caso del concurso de empresas» cuya actividad repercuta de forma especial en el mercado español. El presidente de la promotora arguye que «es posible acordar una espera de ocho años» y recuerda que es imprescindible que para la propuesta del convenio que la «administración económica competente» emita el correspondiente informe.

La compañía expresa en el documento que la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, debe ser la que ratifique esta autorización. Para ello se basa en que la sociedad tiene como objeto social «la adquisición y cesión, disposición y enajenación por cualquier título y procedimiento de toda clase de bienes» y recuerda que su actividad principal es la construcción de viviendas libres y protegidas.

El escrito enfatiza que la promotora opera en todo el país y parte del extranjero, y que en el año 2007 sus ingresos consolidados superaron los 1.200 millones de euros.

Cambio de domicilio

Martinsa-Fadesa y los acreedores han pactado que el domicilio para notificaciones se fije en Madrid, concretamente en el número 93 del paseo de la Castellana. La firma no hace referencia en este punto al hecho de que el domicilio social siempre ha estado en A Coruña. En cualquier caso, la memoria del convenio alerta de que cualquier cambio en este extremo debe ser notificado al juzgado y a las partes implicadas.