Martinsa-Fadesa confirmó ayer que está a punto de ultimar una propuesta de acuerdo con dos de sus principales acreedores, Caja Madrid y La Caixa, al que posteriormente se adherirían paulatinamente otras entidades. Aunque un portavoz de la compañía dijo, en un primer momento, que el convenio sí tendría quita, otras fuentes bien informadas reiteraron que no sería así. Lo que sí tendrá es un período de espera, de una duración de ocho años, y en él se recogerá el compromiso de venta de activos a un precio determinado. Fuentes de la empresa confirmaron la trascendencia del consejo de administración celebrado el viernes pasado. Estaba previsto que la propuesta de acuerdo se presentase ayer en el juzgado de A Coruña que lleva el caso, pero se retrasó porque el documento «ha de ser consensuado por todas las partes, y si queda algún fleco hay que volverlo a redactar y enviar». Es probable que la presentación tenga lugar hoy.
El convenio ha sido acogido con optimismo, puesto que se prevé no solo que puedan producirse acuerdos similares con otras entidades, sino también una recuperación de la confianza de cara a una salida favorable de la situación, de modo que se reduciría la litigiosidad en torno al proceso concursal. El anuncio del pacto coincidió con la apertura del plazo de diez días hábiles para la presentación de las impugnaciones al inventario y la lista de acreedores elaborada por los administradores concursales. Las alegaciones, que deben plantearse ante el juzgado decano de A Coruña, ascendían en la primera jornada a una veintena, en su mayoría de particulares.
El volumen de incidentes concursales que finalmente se sustanciarán es impredecible, ya que pueden plantearse por inclusión o exclusión en el proceso, o por desacuerdos en la cuantía o calificación de la deuda o los bienes y derechos afectados, en el inventario y en la lista de acreedores. Todo apunta, no obstante, a que la tramitación durará al menos hasta mayo, toda vez que en concursos medios se plantean entre 5 y 25 impugnaciones, cifra que se verá multiplicada en el caso de Martinsa-Fadesa, protagonista de la mayor suspensión de pagos de la historia de España. De cada discrepancia o impugnación que se presente ante el juzgado debe darse traslado a los administradores concursales, que tienen diez días para contestar y aportar informes antes del señalamiento del pertinente juicio, en su caso, para determinar la modificación o cambio del informe concursal definitivo. Dado el volumen de tramitación que se deriva de todo ello, las primeras vistas no se celebrarán hasta bien entrado febrero.