El PSOE mantiene su rechazo a la forma en que sus socios gestionan el mayor contrato de la Xunta
26 dic 2008 . Actualizado a las 02:00 h.El conselleiro de Industria, el nacionalista Fernando Blanco, pretende zanjar hoy unilateralmente el reparto del mayor concurso público abierto por la Xunta en su historia: los 2.325 megavatios eólicos por los que pujan 170 empresas gallegas, nacionales y extranjeras deberían mover inversiones superiores a los 5.000 millones de euros (casi un billón de pesetas) en los próximos cinco años. Y el BNG ha optado por decidir en solitario quienes serán los beneficiarios del nuevo negocio del viento gallego.
Lo hará en contra de la opinión de su socio de Gobierno. Las dos consellerías socialistas presentes en la mesa de valoración (Medio Ambiente y Política Territorial) se levantaron el lunes por «falta de garantías jurídicas» en el proceso. Pero también lo decidirá frente a las voces políticas, empresariales, del sector ecologista o del mundo del derecho que cuestionan la legalidad de una adjudicación en las condiciones actuales (con un tribunal compuesto exclusivamente por miembros de la Consellería de Industria). Todas ellas piden un aplazamiento del concurso, incluso hasta después de las elecciones autonómicas de marzo.
La mesa de valoración dejó cerrada el pasado día 23 la lista de proyectos susceptibles debeneficiarse de la mayor adjudicación de aerogeneradores realizada hasta ahora en España de una sola vez. Si los ocho miembros que quedan la votan y firman, la relación de posibles proyectos admitidos a trámite, así como otra de suplentes, será puesta a disposición del responsable de Industria esta mañana. El pasado martes, Fernando Blanco afirmó no tener dudas legales sobre su capacidad de decisión y se mostró dispuesto a «resolver» hoy el concurso. Las dudas legales sobre esta polémica decisión no se ciñen al reciente plante socialista (por falta de tiempo para estudiar todos los proyectos) o a la manera de desarrollar el concurso que adoptó el BNG. Importantes firmas del sector y conselleiros del bipartito han admitido la incongruencia legal que podría suponer adjudicar parques nuevos en zonas al margen del plan sectorial eólico vigente. O dicho de otra forma: Fernando Blanco podría aprobar ahora parques que, para su ejecución, seguirán pendientes durante muchos meses de la aprobación de un nuevo plan sectorial que ni siquiera ha superado a día de hoy los filtros medioambiental o urbanístico.
Grandes intereses en juego
En juego están grandes intereses políticos (el BNG abanderó el concurso como su gran baza empresarial y económica en esta legislatura), pero también empresariales. Grandes fortunas gallegas (como Amancio Ortega, Manuel Jove, Epifanio Campo o Manuel Cortizo) figuran en una lista de aspirantes donde no faltan algunas de las empresas emblemáticas de la comunidad (astilleros, industrias lácteas, cajas de ahorros, bancos, aeronáuticas, conserveras o inmobiliarias). En otros casos, como el de la constructora San José, el negocio eólico es una de las tablas de salvación a las que pretende aferrarse para reconducir su delicada situación económica. El grupo con sede en Pontevedra, que acaba de abrir un periódico en Galicia afín al BNG, mantiene una deuda superior a los 1.200 millones de euros que debe renegociar con urgencia en los bancos para eludir desenlaces críticos, como podría ser un concurso de acreedores.
El sector eólico también está llamado a desenquistar algunos de los grandes paradigmas industriales gallegos, como el traslado de la papelera Ence fuera de Pontevedra, la gestación de un grupo lácteo autóctono, el impulso a sectores emergentes como el de la biomasa o el aeronáutico, y la expansión de otros ya consolidados como la construcción naval. Pese a estos intereses, eólicas ya asentados en Galicia y firmas nuevas ya han advertido que recurrirán las futuras adjudicaciones ante la «falta de claridad jurídica» que envuelve el proceso actual.