La decisión de Industria de seguir adelante con la comisión que evalúa los proyectos eólicos, pese a la dimisión de los representantes de Medio Ambiente y Urbanismo, podría provocar un conflicto jurídico entre las principales empresas energéticas y la Administración. Según varios asesores legales de firmas eólicas consultados ayer, la propuesta de resolución que la mesa podría enviar el viernes al conselleiro podría ser considerada nula por un tribunal, al ser adoptada «de forma inadecuada por un órgano colegiado».
El decreto eólico (con rango de ley) que regula la orden del concurso determina que en la mesa debe haber representantes de consellerías con competencias en energía, medio ambiente, montes y urbanismo. Esto no ocurre desde la mañana del lunes, con el abandono de los representantes socialistas. La ley de Procedimiento Administrativo contempla la posibilidad de que se produzcan vacantes en un órgano de este tipo, pero según estas fuentes hay un quórum «de multiplicidad de agentes» que debe ser respetado. Dicho de otro modo, con la ausencia de los comisionados del PSOE las garantías medioambientales y urbanísticas no quedarían cubiertas. «No habría pasado nada si se van dos de Industria, pero no es el caso», explican. «Es un recurso de libro. Como miembro del sector, no me gusta que se haya llegado a esta situación. Como abogado, si resuelve perfecto, porque es una victoria en el contencioso cantada», explicaba ayer un letrado especializado en este tipo de procesos.
De las palabras de Fernando Blanco se puede extraer que las tesis de Industria van por otro lado. Según fuentes próximas a Innovación, los requisitos del decreto en cuanto a la composición de la mesa regían solo para el momento de su constitución. Fuentes de la industria discrepan de esta interpretación, por cuanto la comisión es «un órgano colegiado que se constituye legalmente en cada reunión. Si hubieran resuelto el lunes, incluso después de que se fueran los dos miembros, sí valdría, pero ahora es tarde».
Un catedrático de Administrativo explica en este sentido que «uno o dos miembros de una comisión no pueden vetar su funcionamiento por el hecho de irse». En cambio, «sí pueden ser decisivos en un proceso judicial los argumentos que hayan dado para hacerlo», puesto que «pueden utilizarse como una prueba indiciaria de que la comisión no ha funcionado bien».
El representante de Medio Ambiente, Salvador García, abandonó la comisión al entender que «non se garante a aplicación da normativa medioambiental básica». García se levantó de la mesa tras reclamar «un exame detallado da estensa documentación que integra os anteproxectos», así como una «esplicación da aplicación do baremo a cada proxecto concreto por parte do persoal técnico que a levou a cabo», según consta en un escrito que entregó a la mesa.