Ecologistas, dueños de montes y empresarios reclaman un aplazamiento del proceso

Rubén Santamarta Miguel Á. Rodríguez

ECONOMÍA

24 dic 2008 . Actualizado a las 02:00 h.

Grupos ecologistas, propietarios de montes y empresarios coinciden en reclamar a la Consellería de Industria que detenga el concurso eólico ahora en marcha. El plante de las consellerías socialistas ha destapado fisuras legales que el sector eólico teme que acarreen consecuencias insalvables.

Las principales organizaciones ecologistas entienden que la consellería ha puesto los bueyes delante del carro. Es decir, que está a punto de adjudicar 2.325 megavatios sin disponer de un nuevo plan sectorial eólico. «Industria vai dar uns dereitos conforme á planificación do PP, e iso é inasumible», sentencia Fins Eirexas desde la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), una organización proteccionista afín al BNG, partido que dirige esa consellería. «¿Está ben feito o que está a facer a Administración, a consellería? Non, o primeiro debería ser presentar un plan eólico novo, queremos unha nova planificación eólica», advierte su portavoz para asuntos de energía, que recuerda además que las concesiones del viento «non se poden revertir, como se fai cunha minicentral, por exemplo». «Hai boa intención da Consellería de Innovación e Industria, pero a estratexia e as formas non son as mellores», agrega.

Las entidades ambientales ya mostraron su descontento con el último plan para el sector presentado por el PP, que es el que hoy está en vigor. «Ese plano é un desastre para o país», agrega Eirexas. «Industria está a actuar de forma cega porque pode admitir parques eólicos en zonas de interés ambiental», explica por su parte Xosé Veiras, de Verdegaia. Esta organización nació hace tres años como escisión «apartidaria» de Adega.

«Galicia non pode ser unha potencia eólica a calquera precio», lamentan desde Verdegaia. De hecho, Veiras censura que «o desenvolvemento eólico non se incardina nunha política máis ampla de aforro enerxético, e mesmo a emisións de gases contaminantes están medrando en Galicia». «O concurso non debería ser convocado -completa el ecologista- ata que non esté listo o novo plano sectorial».

La Sociedade Galega de Historia Natural, otra de las históricas entidades verdes gallegas, entiende que con el actual plan en vigor «se podrá dar la circunstancia de que se adjudiquen molinos en zonas de interés ambiental, donde haya especies catalogadas como protegidas, pero que el actual plan no contempla como zonas excluidas». Serafín González, presidente de esta organización, también desvinculada políticamente, cree que «hay que replantearse todo el desarrollo eólico» en tanto que «puede contribuir a incrementar el desarrollo hidroeléctrico».

Los grupos conservacionistas gallegos se opusieron con vehemencia durante meses al plan acuícola defendido por la Consellería de Pesca (que dirige el PSOE). ¿Cabe esperar una respuesta similar ahora? «Cando teñamos o novo plano, e vexamos a quen afecta, a que montes, a que comunidades e como, adoptaremos a posición oportuna», explican desde Adega.

José Antonio Diéguez, presidente de Ventonoso, organización que aglutina a los propietarios de los montes afectados, considera también indispensable aprobar primero un plan sectorial para garantizar la seguridad de los nuevos parques. Industria «equivocouse no procedemento», opina.

En la misma línea van destacados empresarios del sector. El director de la consultora Qualitynova, Diego Maraña, afirma que si se cuestiona la legalidad del procedimiento los perjudicados serán todos. «La incertidumbre es mala para los empresarios», dice en alusión a la fórmula elegida para tramitar el concurso. También apela a la necesidad de que Galicia «recupere el liderazgo eólico nacional», pero con garantías jurídicas».

Los empresarios, críticos

El presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, José Manuel Fernández Alvariño, es partidario de buscar «más seguridad jurídica» porque, valora, estos contratos «serán decisivos para Galicia». En su opinión, esperar «parece una medida prudente». «No tiene porqué adjudicarse antes de la campaña electoral», expresó el también miembro de la patronal gallega.

En el sector, cuyas principales voces callan porque se juegan mucho en el concurso, causa estupor la decisión de Industria de seguir con los trabajos. Un promotor que ya tiene molinos dice que «jurídicamente es un disparate, sobre todo tras la salida de Medio Ambiente y Urbanismo». «No obstante -reflexiona-, el BNG quizá no quiere cosechar un fracaso en su plan estrella». Otro operador está convencido de que Fernando Blanco resolverá el viernes, «y después nos veremos en los juzgados». «Los servicios jurídicos lo van a tener muy fácil solo con lo que dice la prensa», concluye.