Los funcionarios de consellerías socialistas abandonan el órgano al no existir seguridad jurídica en el proceso
23 dic 2008 . Actualizado a las 15:27 h.El concurso eólico abrió ayer definitivamente una brecha en el Gobierno bipartito de la Xunta después de que los dos representantes socialistas en la comisión de evaluación se levantaran de la mesa tras alegar falta de transparencia en el proceso. El abandono de los funcionarios de Medio Ambiente y Urbanismo deja en una difícil situación al equipo de expertos de la Consellería de Industria que, según fuentes jurídicas, ha perdido la potestad para culminar sus trabajos. De acuerdo con el decreto eólico de la Xunta, en el órgano que decida el concurso debe haber miembros de esas dos consellerías, algo que no ocurre desde la mañana de ayer.
La última cita duró más que las de la semana pasada. Al comienzo de la misma, el presidente de la comisión, Anxo Calvo, anunció su intención de revisar la puntuación de todas las peticiones en una pantalla gigante conectada a un ordenador portátil. Posteriormente, un programa informático concluiría los trabajos de seis meses y facilitaría la lista definitiva, según los criterios fijados previamente por la mesa.
El director xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, Salvador García, capitaneó entonces la postura del PSOE en la comisión y planteó la necesidad de poder disponer de la documentación técnica que justificara la decisión que se estaba a punto de tomar. Además, planteó sus dudas sobre la legalidad del procedimiento. Los representantes de Industria le propusieron disponer de «tiempo ilimitado» para ver las puntuaciones, pero siempre con la consigna de que de la reunión saliera una resolución definitiva. García entregó entonces un documento en el que afirmó que procedía «ao abandono desta comisión, por considerar que non se garante a aplicación da normativa medioambiental básica». Además, pidió que el escrito quedara adjunto al acta de la reunión. Posteriormente, la representante de Política Territorial, Rosario Puente, subdirectora de Réxime Xurídico, también abandonó la mesa ante la imposibilidad de ver la documentación, y expresó la conveniencia de presentar un informe a la asesoría jurídica de la Xunta.
Por la tarde, Salvador García explicó en una rueda de prensa las razones que lo llevaron a dejar la comisión. En su opinión, existen «dudas sobre la seguridad jurídica del procedimiento», por lo que la consellería que dirige Manuel Vázquez decidió «no seguir participando» en los trabajos. Según García, desde el inicio existieron en la comisión «discrepancias internas sobre el modo de interpretar la normativa medioambiental». A su juicio, el hecho de autorizar molinos en áreas ajenas al plan sectorial vigente plantea dudas jurídicas. No obstante, su decisión de dejar la mesa no se produjo hasta ayer, al constatar que «no estamos de acuerdo con el procedimiento global». «No podíamos revisar en un día proyectos que a ellos les llevaron entre tres y seis meses», explicó, al tiempo que confirmó que en este período solo tuvo acceso a «resúmenes» elaborados por los técnicos de Industria.
A juicio del director xeral de Medio Ambiente, «un proceso de admisión a trámite cuyos proyectos no son evaluados por el Gobierno gallego en su conjunto puede causar quebrantos en las empresas aspirantes».
La decisión de García y Puente deja a la comisión sin potestad para poder confeccionar una propuesta de resolución y enviársela al conselleiro de Industria para su aprobación definitiva. El decreto del 3 de enero determina, en su artículo 12.4, que la comisión «deberá estar integrada como mínimo por representantes das consellerías con competencias nas materias de enerxía, ambiente, montes e urbanismo». Fuentes jurídicas estiman que con la renuncia del representante de Medio Ambiente y su colega de Urbanismo la mesa podría estar deslegitimada para continuar con sus trabajos. «Habría, en todo caso, que sustituir a la gente que ha dimitido», explicaban las fuentes citadas.