Las empresas españolas figuran como las segundas de Europa que más utilizan el soborno al hacer negocios en el extranjero, solo superadas por las italianas, aunque ocupan la décimo segunda posición en la clasificación mundial de países exportadores que más echan mano de la corrupción. Bélgica y Canadá son las naciones con las compañías menos propensas a sobornar en el exterior.
Estos datos figuran en el informe Índice de Fuentes de Soborno 2008 , elaborado por la organización Transparencia Internacional, que fue presentado ayer en Madrid por la Fundación José Ortega y Gasset. Según este estudio, basado en entrevistas a 2.742 altos ejecutivos de empresas de 26 países, las compañías de potencias emergentes, como Rusia, China, México, la India y Brasil, son las que más corrompen a los funcionarios de los Estados con los que negocian.
«No estamos bien en el índice general de percepción de la corrupción, y estamos particularmente mal en Latinoamérica», afirmó Antonio Garrigues, patrono vitalicio de la fundación, quien aclaró que son las segundas que más sobornan en esta zona del mundo, solo por detrás de las chinas.
Este documento, que estudia a los 22 principales países exportadores, cuyas ventas globales en el exterior representaron el 75% del total mundial en el 2006, también analiza el nivel de sobornos en 19 sectores económicos. Y la conclusión es que las empresas que operan en la construcción de obras públicas, desarrollo inmobiliario, petróleo y gas, manufactura pesada y minería son las más propensas a sobornar a los funcionarios. Por contra, los segmentos más limpios son los de tecnología de la información, pesca, banca y finanzas.
La crisis financiera que azota al planeta ha causado un «descenso del nivel ético», según manifestó Garrigues, quien resaltó que está creciendo la tentación del «sálvese quien pueda», lo que puede influir negativamente en la corrupción interna de los países y en la inversora en el exterior.
Falla el sistema
Por su parte, Jesús Sánchez-Lambás, secretario general de la fundación, insistió en la incidencia de la crisis, y precisó que lo que está fallando en el sistema no es tanto la regulación, «sino la aplicación y el control de las normas». Por ello, propuso la creación de «mecanismos, funcionarios e instituciones capaces de aplicar la regulación que ya existe».
El índice ha evaluado dos tipos de corrupción: el que compra decisiones concretas y el que implica la captura del Estado, es decir, comprar las reglas del juego. La primera de las modalidades es la más habitual en sectores de infraestructuras, obras públicas o construcción, mientras que la segunda aparece en las operaciones del sector financiero.
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