Los nuevos parques eólicos nacen además con otra tara a la hora de acudir a un banco: un elevado porcentaje incluye fórmulas de participación pública (requisito que suma hasta el 22% de la puntuación en el baremo) que suponen la cesión gratuita al Inega de entre un 10 y un 20% de la potencia adjudicada. Los promotores, por tanto, tendrán que solicitar préstamos para un proyecto que pagarán en su totalidad, pero del que solo serán propietarios en un 80 o un 90%. Además, buena parte de las sociedades presentadas han optado por ampliar en hasta un 15% estas cesiones públicas en busca de una mejor puntuación. De un lado, un 5% de la empresa caería en manos de los ayuntamientos donde se asientan los parques, algo que los concellos venían exigiéndole a la Xunta como requisito que debería haber sido obligatorio, pero que Industria prefirió dejarlo al arbitrio de los concursantes.
En muchos casos, otro 5% ha sido puesto en manos de los propietarios del suelo en el que se clavan los molinos. Los contratos suscritos con muchos comuneros recibieron duras críticas desde las organizaciones de montes. Algunas empresas trataron de corregir así este malestar, compartido en parte por la Xunta.
Por último, varias firmas han comprometido la cesión de un 5% adicional para Medio Rural, con el objetivo de garantizar la mejora de las áreas afectadas. La medida está considerada no solo como una reversión directa a Galicia de una parte de los beneficios de explotación, sino también como una apuesta medioambiental.
Estas cesiones implican, en algunos casos, poner hasta el 30% de las empresas en manos de terceros, mientras que los créditos deberán ser afrontados por el 70% de los socios restantes. Las dificultades que esta situación provocará en la viabilidad financiera de los proyectos fue uno de los argumentos centrales de las eólicas a la hora de elaborar los recursos contra el decreto de la Xunta.