En la lista de candidatos al concurso de la Consellería de Industria hay empresarios que han suspendido pagos
09 dic 2008 . Actualizado a las 02:00 h.Los proyectos eólicos que surjan del inminente reparto que está a punto de efectuar la Consellería de Industria se encontrarán con un nuevo escenario macroeconómico. Varios de los aspirantes a los molinos no cumplirían a día de hoy los requisitos exigidos en la orden dictada en marzo pasado mediante la cual se convocó el concurso. En la relación de candidatos hay decenas de empresas, gallegas y foráneas, de sectores muy golpeados por la crisis, como la construcción y otras actividades dependientes de la misma. En la lista figuran, por ejemplo, empresarios que en los últimos meses han presentado suspensión de pagos y, según fuentes del sector, otros que están aguantando para ver si con el maná eólico pueden evitar tener que acogerse a un concurso de acreedores. Además, la banca ha restringido el crédito a la eólica y solo financiará el 70% de los nuevos parques.
En el sector existe una preocupación generalizada ante la posibilidad de que buena parte de los megavatios que se adjudiquen en esta orden no se puedan llegar a instalar jamás por la incapacidad técnica y económica de sus promotores.
El decreto del 13 de diciembre pasado en el que se regula el aprovechamiento de la energía del viento en Galicia establece que solo podrán resultar adjudicatarios aquellos candidatos que, cuando se presentó la documentación, en junio pasado, acreditasen capacidad económica para poder hacer frente a los proyectos. Para ello, los aspirantes debían demostrar en su contabilidad fondos propios por valor de al menos el 20% de la inversión necesaria. Las deficiencias a la hora de cumplir con este requisito han sido una de las principales causas por las que el conselleiro de Industria, Fernando Blanco, se ha visto obligado a retrasar la resolución, prevista inicialmente para octubre o noviembre, y que va camino de agotar los plazos legales (17 de este mes).
La banca, que hasta ahora financiaba entre un 80 y un 100% de los parques, ha restringido el grifo de los préstamos y exigirá a los nuevos operadores que aporten fondos propios por al menos el 30% de la inversión. En la práctica, esto quiere decir que un promotor que resulte agraciado en el concurso, por ejemplo, con 500 megavatios, deberá tener en caja en torno a 200 millones de euros para poner en marcha los parques.
Fuentes del sector explican que la inversión fuerte, la compra de aerogeneradores, obra civil y la construcción de las líneas de evacuación no comenzarán a efectuarse antes de dos o tres años. No obstante, las empresas deberán negociar antes la financiación de los proyectos para comenzar a hacer pagos inminentes como son las tramitaciones administrativas, los proyectos de ejecución o los depósitos de avales para poder solicitar los puntos de interconexión. Algunos operadores, que ya han acudido a las entidades financieras para tantear las nuevas condiciones, se han encontrado con un panorama mucho más pesimista que el conocido hasta ahora.
La crisis de los mercados de capitales comienza a afectar a un sector, el eléctrico, que de momento parecía a salvo de la quema. Además, la banca comienza a poner en duda que las ratios de rentabilidad actuales se mantengan en el medio plazo, cuando se comiencen a enchufar a la red los parques ahora subastados. El Gobierno se ha propuesto acabar por fin con el insoportable déficit de tarifa, y ya ha comunicado a las empresas que tendrán que asumir una parte de esa deuda, y una de las primeras medidas podría ser acabar con las primas de las renovables a través de la tarifa y trasladarlas a los Presupuestos Generales del Estado, como subvenciones medioambientales. En el sector se teme que esa medida sea un paso previo al recorte de las primas, tal y como acaba de ocurrir con la solar fotovoltaica.