Los administradores de Martinsa-Fadesa detectaron «malas prácticas» e ilegalidades en los usos de la promotora, como el no avalar las entregas a cuenta de los compradores de sus viviendas y descontar en las entidades financieras efectos comerciales firmados por sus clientes antes de haberlos cobrado cuando la compañía incumplía los plazos de ejecución de la obra.
Para empezar, las cantidades entregadas por los compradores no siempre se depositaban en una cuenta especial y cuyos fondos deberían estar destinados exclusivamente a terminar la obra, como estipula la normativa vigente. «La realidad ha venido siendo otra: los ingresos iniciales se abonaban en cuentas de libre disposición y -según se detalla en el informe concursal- los efectos eran descontados en las entidades financieras en fechas inmediatas a su recepción, según la disponibilidad de límites de descuento de papel contratados con estas que, hasta finales del 2007, podrían ser consideradas ilimitadas».
Alarma social
En el mismo informe se detalla que, como consecuencia de actuaciones derivadas de los compromisos de pago aplazado, la administración concursal ha tenido que tomar medidas para impedir estas prácticas y sus consecuencias. De hecho, tuvieron que dirigirse a las entidades bancarias para advertirles del problema, ya que Martinsa-Fadesa, a pesar de incumplir los plazos de entrega de las viviendas, cobraba por anticipado las letras y los bancos le abonaban su importe.
«La administración concursal, tan pronto pudo estimar el alcance de esta forma de proceder, se dirigió a todas las entidades financieras advirtiendo del problema para -afirman los administradores- reconocer en el concurso de acreedores las deudas a dichas entidades, evitando que iniciaran procedimientos ejecutivos frente a los librados [es decir, los clientes], que pudieran provocar una alarma social, sin poner en cuestión la legitimidad que tienen para hacerlo», es decir, que los bancos podrían llegar a reclamar el dinero a los clientes que dejen de pagar por retraso en las obras, aunque la promotora hubiese incurrido en incumplimientos.
También comprobaron que cuando algún contrato era cancelado con anterioridad a la entrega de la vivienda, bien por la renuncia del cliente o porque la obra se retrasaba, primero Fadesa, pero «también Martinsa-Fadesa tras el proceso de fusión, no reclamaban estos efectos descontados en las entidades financieras y los entregaban a los clientes, con quienes se comprometían a hacerlo de inmediato, sino que esperaban al vencimiento del efecto y en ese momento reclamaban al banco la no presentación al cobro del mismo».
Asimismo, cifran el importe de los efectos descontados pendientes de vencimiento en 3.506.089,82 euros y el número de documentos en 719, lo que lleva a los administradores a denunciar que «no permite considerar el asunto como un hecho aislado y ocasional».
Incumple la norma
Todas estas prácticas contravienen la normativa vigente y la Consellería de Vivenda podría sancionar a la promotora por no cumplir el artículo 24 de la Ley de Vivenda con multas cuya cuantía puede suponer hasta el 25% de las cantidades cuya devolución deba ser asegurada. El informe también dice que la compañía «no ha puesto a disposición de la administración concursal un registro de los avales entregados en cada uno de los inmuebles, ni tenía identificados aquellos casos en que no les ha sido entregado este documento».