El jueves, el propio presidente de la CEOE, Gerardo Díaz, instó al Gobierno a poner de forma «inmediata» el crédito extraordinario de 10.000 millones de euros del fondo de compra de activos para aumentar la financiación de las empresas. «Diciembre va a ser el mes más duro», apostilló el responsable de la patronal.
Diciembre va a ser también el mes en el que se celebre la segunda subasta de adquisición de activos financieros por parte del Tesoro Público. Y también el mes en el que finaliza -lo hace el miércoles- el período para que cajas y bancos radicados en España puedan solicitar el aval del Estado -triple A, las mejores garantías- para sus operaciones internacionales.
Todo ello constituye el paquete de medidas de ayuda al sector aprobado por el Gobierno en octubre. Y así funciona.
Son subastas en las que el Estado compra a cajas y bancos células hipotecarias, bonos... detrás de los cuales hay créditos concedidos a empresas y particulares. La primera puja fue el 20 de noviembre y resultó un fiasco parcial: se podían llegar a adjudicar 5.000 millones de euros, pero el importe final no llegó a los 2.200 millones repartidos entre 23 entidades. Era para solventar deudas a corto plazo. La siguiente subasta será el 11 de diciembre y se estima -y así lo apuntó el propio Zapatero el jueves- que contará con mayores ofertas. Su principal atractivo es que sirve para deudas a largo plazo, algo en lo que están entrampadas todas las entidades.
El miércoles finaliza el plazo dado por el Gobierno para que cajas y bancos soliciten el aval del Estado para sus operaciones en el exterior. ¿Qué supone ello? Que la entidad que logre ese sello tendrá el respaldo de la Administración estatal en el hipotético caso de quiebra, lo que da una mayor seguridad.