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ayudas del gobierno La banca no garantiza al Estado que sus ayudas lleguen a los particulares

El pago de deudas obligará a varias entidades a utilizar los fondos del Gobierno para su economía interna

Autor:
Rubén Santamarta
Fecha de publicación:

El plan de ayudas del Gobierno para inyectar fondos a la banca española tendrá un impacto moderado en la economía real, la del día a día de cientos de miles de ciudadanos, si no se traduce en nuevos créditos para particulares, es decir, si no sirve para abrir el grifo de los préstamos a familias, pymes y empresas.

Y es posible que el grifo siga cerrado durante un tiempo. Porque la banca no ha garantizado que las ayudas que les ha comenzado a dispensar el Estado lleguen de forma inmediata al mercado. Es la conclusión a la que llegan analistas de mercados financieros consultados en bancos, cajas y asociaciones de banca. «Dependerá mucho de las condiciones en las que se encuentre un entidad, no es posible generalizar», comenta un analista autorizado de un banco, que, como el resto, prefiere mantener la confidencialidad.

La financiación

Porque ninguna entidad asume oficialmente que el dinero del Estado lo dedicará a sus cuentas internas, es decir, a aliviar las deudas que les vencen antes de acabar este año y el 2009. Nadie quiere decir que vaya a dedicarlo a esa tarea, a refinanciar sus propias deudas, por la mala publicidad que le daría y la pérdida de clientes que le supondría. Pero esos vencimientos (dinero que se debe a mayoristas, a otras entidades...) son uno de los grandes problemas de la banca española.

«Al final, tarde o temprano, el dinero va a llegar a los consumidores porque nuestro negocio es dar préstamos, a eso es a lo que, desde siempre, nos hemos dedicado los bancos», agrega otra fuente bancaria española. ¿Cuándo será eso? El Gobierno entiende que debería ser «cuanto antes», porque en la medida en que lleguen fondos a los ciudadanos, antes se podrá reactivar una parte de la economía.

Esta misma semana lo apuntaba la secretaria de Estado de Empleo a La Voz: «Si la liquidez repercute en las pequeñas y medianas empresas y en las familias, puede haber un punto de inflexión en el desempleo en el 2009». Si no, las previsiones más favorables apuntan que el problema del paro puede llegar a superar el 15% de la población activa.

También el secretario de Estado de Economía estimó como «necesario» que esa liquidez llegue a ciudadanos y a empresas. Pero el Gobierno, en el decreto que regula la adquisición de activos financieros de la banca -fondos que devolver en dos años con un interés bajo- no incluye como condición indispensable que esas ayudas se destinen a nuevos créditos. De forma laxa solo se cita que se tratará de «incentivar la oferta de nuevo crédito», aunque de lo que más se habla en el real decreto es de la situación de los mercados financieros.

Lo primero, lo suyo

«Al final, lo primero va a ser ayudarse a sí mismos, cubrirse sus espaldas ante los vencimientos que les van a venir», comenta un analista de cajas madrileño, quien mantiene, con todo, que esa liquidez monetaria llegará al mercado: «Los bancos ganan dinero prestando dinero, otra cosa es que alguno haya saltado sus salvaguardas de concesión de crédito en los últimos años y ahora se vea ahogado».

«En el mercado se está especulando mucho con esa posibilidad, con que el dinero inyectado por el Estado se dedique a vencimientos de deuda, pero no creo que eso suceda, porque lo que le interesa a la banca es mover el mercado», agrega otro analista consultado en una caja.

Algunos expertos creen, mientras, que otro de los destinos que pueden tener esos fondos del Estado es el rescate de empresas en peligro, refinanciando sus deudas o concediendo préstamos preferentes. «Es más interesante -dice el primero de los expertos citados- evitar por todos los medios al alcance que una empresa quiebre y que te veas sin la posibilidad de cobrar sus deudas, antes que dar un préstamo para una nueva actividad».

¿Cuándo se podrá constatar si ha funcionado el plan y el dinero llega al ciudadano? Previsiblemente, no antes de tres meses, cuando se pueda evaluar el ritmo de concesión de nuevos créditos a particulares.

 

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