Proyectos como el de Solidaridad Solar en Monforte o T-Solar en Ourense ven mermada su rentabilidad
08 sep 2008 . Actualizado a las 02:00 h.La nueva regulación del Ministerio de Industria para la energía solar fotovoltaica amenaza inversiones que en Galicia suman 400 millones de euros. El borrador legal del Gobierno incluye una reducción del 35% en las primas a los nuevos proyectos y establece un techo nacional de 300 megavatios nuevos por año.
El pasado diciembre, el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, cifró en 60 megavatios la potencia calculada en Galicia para el año 2012. Actualmente hay menos de 5 instalados. Poner en marcha los otros 55 y la industria auxiliar asociada precisaría más de 400 millones de inversión. Por cada megavatio conectado a la red eléctrica se estima un gasto necesario de 6,2 millones de euros.
El anuncio del Gobierno está mermando la confianza inversora de las grandes firmas del sector. Y los posibles recortes dejarían a Galicia en el peor lugar de España, por tratarse, junto con Asturias, Cantabria y el País Vasco, de la zona con menos horas de sol de todo el país.
Los dos mayores proyectos gallegos son los de la cooperativa Solidaridad Solar en Monforte, que pretende instalar un parque de 23 megavatios e invertir 173 millones de euros; y la fábrica de T-Solar Global para producir paneles en Ourense, donde se invertirán más de 80 millones. En ambos casos, la rentabilidad está seriamente amenazada, y en el caso del parque de Lemos, si les retiran la prima prevista, peligraría incluso su viabilidad. Posibles inversores en Galicia se han decantado ya por Andalucía o Castilla-La Mancha en busca de más beneficios.
Las tres asociaciones que representan a esta patronal exigen más megavatios anuales y admiten una reducción de tarifas de hasta el 10% cada 12 meses. ?Un informe de Boston Consulting Group elaborado para la Asociación Empresarial Fotovoltaica calcula que, hasta mayo del 2008, la retribución total para la energía solar (primas) fue de 119,1 millones de euros, sobre un total para las energías renovables de 2.052 millones. Por ahora, el Gobierno se niega a ceder y quiere aprobar este mes su decreto. Los empresarios hablan ya de «parálisis».