Las empresas piden apoyo para soportar las quitas y las demoras de sus deudas pendientes con las promotoras
01 sep 2008 . Actualizado a las 08:56 h.No existe un cálculo de la deuda acumulada. Pero fuentes del sector la cifran entre 400 y 500 millones de euros. Esta sería la abultada factura pendiente que mantienen las aproximadamente 200 empresas constructoras sometidas a un proceso concursal con las casi mil pymes y autónomos vinculados directamente al sector inmobiliario. Muchas de ellas están con el agua al cuello. Y ahora piden ayuda a la Administración para salvar sus contabilidades y a sus empleados.
Formar parte de la lista de acreedores de estos procesos concursales les ha supuesto a todas ellas una quita de entre el 30 y el 50% de su deuda abierta, que además podrían tardar ahora hasta tres años en cobrar. Muchas de estas firmas no podrán esperar tanto tiempo. Su continuidad depende directamente de esta tesorería sumida en un tenso compás de espera.
La mayoría de los negocios en esta tesitura son pequeños subcontratistas relacionados con la carpintería, la albañilería, la fontanería, la electricidad o proveedores diversos de materiales para construcción. En estas empresas afectadas directamente por la crisis de las promociones inmobiliarias trabajan cerca de 4.000 personas.
Portavoces de estas auxiliares han señalado que muchas sociedades están comenzando a tener serios problemas de subsistencia. Los plazos juegan en su contra. Todas ellas han abonado ya el impuesto sobre el valor añadido (IVA) de las facturas impagadas, siguen aportando obligatoriamente sus cotizaciones a la Seguridad Social y además soportan las devoluciones bancarias de sus efectos comerciales.
La lentitud en los juzgados a la hora de tramitar los convenios de acreedores les impedirá cobrar a corto plazo esta deuda. «En los últimos meses muchos autónomos se han dado de baja y algunas pequeñas empresas se han visto obligadas a cerrar», comenta un agente del sector en activo.
El colapso judicial que ha provocado en los juzgados mercantiles gallegos la cascada de procedimientos judiciales abiertos en el último año complica todavía más los plazos de cobro. Las dos salas de lo Mercantil de Pontevedra acumulan 138 concursos de otras tantas empresas, de los que 49 pertenecen al sector de la construcción. En A Coruña son 115, y casi la mitad relacionados con el sector inmobiliario. En esta provincia, solo la crisis de Fadesa ha provocado que uno de los dos juzgados de lo Mercantil se dedique por entero a resolver esta suspensión de pagos, la mayor abierta en Europa por el momento en el ramo de la construcción.
Lugo y Ourense suman otros 25 procesos más, la mayoría vinculados a la crisis del ladrillo. En total, Galicia mantiene en tramitación más de 200 suspensiones de pagos que guardan relación con el mal momento del sector residencial y que están comenzado a arrastrar a sus firmas auxiliares. Los empresarios reclaman ayuda a la Administración para frenar posibles cierres en cadena. Exigen ayudas financieras para mantener a flote los negocios y continuar operando con normalidad.