El temor de las entidades financieras a una avalancha de ejecución de avales plantea un debate jurídico con opiniones diversas en el ámbito de los economistas y los abogados. Agenor Gómez, portavoz de la delegación coruñesa de la Asociación de la Asociación de Usuarios, Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), considera que las entidades financieras lo tienen jurídicamente fácil para decir que no ejecutan el aval porque existe un concurso abierto. «Yo pienso que es lo que van a contestar», precisa Agenor Gómez.
Por su parte, Ángel Pable, el director financiero de Ofilegal, se muestra contundente en su argumentación: «El hecho de que haya un proceso concursal abierto no quiere decir que un particular no pueda ejercer su derecho a ejecutar el aval bancario; jurídicamente no es sostenible decir lo contrario a esto». El responsable de Ofilegal así se lo ha comunicado a los clientes de Martinsa que le han planteado este problema.
Diego Comendador, economista, auditor y directivo del Registro de Economistas Forenses, entiende que, si el aval está en regla, el cliente tiene todo el derecho a poder ejecutarlo, con independencia de que exista un concurso de acreedores voluntariamente abierto. «No sería así si fuera el avalista el que está en concurso; es decir, si fuera el banco o la caja el que entra en el proceso, pero es Martinsa la que voluntariamente lo ha asumido; por tanto el usuario puede reclamar el cobro de las cantidades adelantadas», aporta Diego Comendador al debate.