El Consejo de Ministros ha dado su visto bueno al «plan de ayuda al retorno voluntario» de los inmigrantes, que permitirá a aquellos que hayan perdido su colocación y tengan derecho a desempleo a cobrar la prestación de forma anticipada, según informó ayer la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, tras la reunión del gabinete.
Los últimos datos disponibles del Servicio Público de Empleo reflejan que hay 168.748 extranjeros inscritos en el registro de parados, cuya nómina cuesta 145,51 millones de euros al mes. El número de beneficiarios ha crecido en un año un 85,4%, mientras que el gasto prácticamente se ha duplicado (ha subido un 97%). El proyecto, que entrará en vigor en septiembre, permitirá a los extranjeros que lo deseen cobrar la cobertura en dos veces.
El mecanismo de agrupar los pagos se conoce como el fenómeno de la «capitalización». La primera parte, el 40%, la recibirán cuando se les reconozca el derecho, y, la segunda, el 60% restante, cuando vuelvan a su país de origen.