Galicia figura en el ránking de las cinco mayores potencias eólicas mundiales. Con los 2.325 megavatios en concurso, la comunidad completará a finales del 2012 un mapa de 6.500 megavatios, el más denso de España y uno de los más poderosos de Europa.
A pleno rendimiento, esos cerca de 3.300 molinos girando extraerán del viento unos 1.500 millones de euros cada doce meses, con unos beneficios anuales calculados en el entorno de los 200 millones. Esas magnitudes son las que se dirimen ahora sobre la mesa de la Consellería de Industria. Los parques que se adjudicarán antes de final de año están valorados por encima de los 3.000 millones de euros. Pero la cantidad parece ridícula comparada con lo que producirán una vez enganchados a la red eléctrica. Cada año serán capaces de facturar cerca de 500 millones y generar un beneficio neto muy próximo a los 70 millones de euros.
Hay quien definió estas máquinas como «veletas de oro puro». Y no se equivocaba. Cada siete giros completos de un aspa de estos molinos dejan en caja un euro, después de pagar amortizaciones, gastos corrientes e impuestos.
Esta singular capacidad de generación económica ha envuelto en polémica al sector eólico desde su arranque, en el año 1995. Junto con Navarra, Galicia fue pionera en España en la apuesta por este negocio. Pero a diferencia de los navarros, las primeras adjudicaciones estuvieron salpicadas de problemas por una falta casi absoluta de control. Muchos de los concesionarios de parques individuales ni siquiera llegaron a gastarse un duro en mover la primera piedra del monte. Fueron agraciados con concesiones de la Administración que revendieron con sorprendente impunidad embolsándose pingües beneficios. Un molino de un megavatio se cotiza a un millón de euros en fase de autorización. Y si está instalado y conectado a la red general se llega a pagar por encima de los dos millones. Pocas reventas generan plusvalías tan elevadas.
Por otro lado, los planes industriales asociados a la concesión de nuevos parques eólicos no funcionaron como se esperaba. Informes realizados por la propia Xunta prueban que el ramillete de 17 empresas del sector creadas al amparo de la potencia adjudicada desde 1995 dejan en Galicia apenas un 30% de sus beneficios. Y ni uno solo de los grandes operadores del sector en la comunidad autónoma tiene capital gallego. La cuenta de resultados, por regla general, cotiza directamente en Madrid, Bilbao, Lisboa o Barcelona.
Un maná caído del cielo
Para corregir este desfase entre la potencialidad de Galicia (atravesada por uno de los tres mejores corredores del viento del mundo) y el aprovechamiento económico e industrial que realiza de este maná caído del cielo, la actual Xunta se propuso cambiar las reglas del juego.
El pliego de condiciones del actual concurso fue polémico. De los 2.325 megavatios listos para adjudicar, la Xunta reservó 173 para completar los planes caducados de la etapa anterior. Otros 98 servirán para terminar planes vigentes. Y, del resto, otro 10% será cedido obligatoriamente a la Xunta. Cada nuevo adjudicatario sabe que una parte de su lucrativo negocio caerá en las arcas públicas. Realmente, solo 1.848 megavatios están en liza.
Pero todos ellos deberán asociarse a planes industriales que, ahora, el Gobierno gallego sí que promete controlar. Al menos en la teoría. También se iban a prohibir expresamente las reventas de los parques para evitar la salvaje especulación del pasado. Pero el decreto eólico solo prohíbe venderlos hasta que entren en funcionamiento. Después se puede, con permiso expreso de la Xunta.
Tampoco queda claro el control de los planes industriales. Algunos, como el de Ence, están descompasados en el tiempo con la explotación de los parques eólicos. Los empresarios podrán disfrutar de la impresionante facturación de sus molinillos hasta tres años antes de que funcione su proyecto industrial asociado (los parques estarán operativos en el 2012 y la nueva papelera, como pronto, en el 2015).
La Xunta sigue diciendo que una comisión velará por el cumplimiento de los planes industriales y que anulará las concesiones de los parques si estos se incumplen, revirtiéndolos a la Xunta. Pero el en sector hay ciertas dudas de que esto vaya a suceder. Y muchas de que algunos de los proyectos empresariales anunciados terminen siendo una realidad.
Lo único seguro es que ayer se terminó el plazo para optar al mejor negocio generado hasta el momento en Galicia. En un sector, además, absolutamente inagotable.