ANÁLISIS El plan eólico reaviva la idea de completar el ciclo del papel

El debate sobre la conveniencia de cerrar en Galicia el ciclo de producción del papel es casi tan viejo como la existencia de la planta de Ence en Pontevedra. El valor añadido que daría la conversión de la pasta en todo tipo de elementos papeleros ha sido utilizado hasta en cuatro ocasiones para tratar de dar continuidad industrial a la factoría de Lourizán.

El concurso que determinará la explotación de los parques eólicos en Galicia es el que ha venido a reavivar ahora tal posibilidad. La Xunta exige un proyecto industrial para la comunidad como plus a la hora de otorgar la concesión de la explotación eólica. Y un grupo de empresarios gallegos lo tiene claro: sus conversaciones van dirigidas a ofertar la apertura de una papelera vinculada a una planta de celulosa y cerrar así en Galicia el ciclo del papel, haciendo pasta, pero además folios, cartón, tisú y hasta pañales.

Alianza con Ence

Los inversores cuentan con Ence para dicho plan, y la industria pastera incluso cambiará el próximo mes su objeto social para incluir entre sus fines el de la producción y distribución de energía eléctrica. Es decir, la prueba de que el acuerdo encara su recta final.

Pero mientras la Consellería de Industria escucha, espera a que se abran las propuestas para el concurso el próximo mes, estudia las posibilidades de una reubicación de la planta de Ence y pide calma, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, tan del BNG como el conselleiro Fernando Blanco, urge el cierre inmediato de esta.

El regidor nacionalista se ha mostrado ya en contra de que a Ence se le haya acabado de dar ahora la posibilidad de seguir produciendo en Lourizán hasta finales del 2011, pero todavía lo está más de que se entre en una posible negociación que conlleve una nueva prórroga mientras se construya otra planta en una nueva ubicación.

Si eso se hiciera, las chimeneas de Ence seguirían echando humo sobre Pontevedra por lo menos hasta el 2014, consumiendo 129.600.000 litros de agua al día y solo con la garantía de una fianza fijada en 12.457 euros, establecida desde 1996, como señal con la que hacer frente a los posibles daños ambientales que su actividad pudiera llegar a causar en la comarca pontevedresa.