Los grandes grupos pedirán en torno a 1.000 megavatios y podrían tener que conformarse con 200
Los planes industriales de los aspirantes serán decisivos en el reparto de los 2.100 megavatios en juego
A poco más de un mes para que la Consellería de Industria cierre la ventanilla en la que se deben presentar las solicitudes eólicas para la mayor orden de reparto efectuada jamás en España, el sector ultima ofertas que conjuntamente sumarán entre 30.000 y 40.000 megavatios. Es decir, entre 14 y 20 veces más de lo que la Administración gallega saca a concurso en esta orden. El anuncio, efectuado hace ya un año, de que la Xunta pondría en el mercado 2.300 nuevos megavatios revolucionó tanto a las empresas que ya estaban explotando el viento gallego como a la mayoría de las grandes firmas de la comunidad, que han visto en el negocio eólico una oportunidad inmejorable para diversificarse hacia un sector seguro (y muy rentable) en tiempos difíciles.
La Consellería de Industria tiene como objetivo prioritario que esta nueva orden, la primera que se pone en marcha con el nuevo decreto y bajo el mandato del BNG, sirva por primera vez en la historia para que la riqueza que genera el viento gallego repercuta, al menos en parte, en la economía autóctona. Y esto será posible por dos vías: por un lado, la Administración pretende que el 10% de la potencia quede en manos de la Xunta a través del Instituto Enerxético de Galicia (Inega), para lo cual introdujo en el decreto como criterio a ponderar la participación pública en los proyectos. Además, el departamento que dirige Fernando Blanco considera imprescindible que la nueva orden eólica sirva para solucionar un puñado de problemas estructurales de la economía gallega relacionados con la industria alimentaria, forestal, etcétera, y para ello serán decisivos los planes industriales que presenten las empresas, otro de los criterios que más puntúan en la convocatoria.
En el sector se especula desde hace semanas con lo que ya se ha denominado la «teoría de los tres tercios»: según esas especulaciones, de toda la potencia que hay para repartir, un tercio iría a parar a los eólicos tradicionales (mayoritariamente de capital no gallego), otro a las empresas nuevas (casi todas gallegas) y el resto se emplearían en conseguir la repotenciación de los parques, de modo que se incentivaría la sustitución de molinos obsoletos (y en consecuencia menos seguros para la estabilidad del sistema eléctrico) por máquinas nuevas. El reparto de un tercio de los megavatios para la sustitución de aerogeneradores ya se encuentra recogido en el pliego de condiciones de la orden. No obstante, en la consellería no se da mucho crédito al resto de la teoría que, de ser así, supondría dar dos tercios de toda la potencia a los operadores tradicionales, pues son estos los únicos que tienen parques para repotenciar.
Un objetivo prioritario
En el departamento que dirige Blanco se considera, por el contrario, que no es un problema de cuotas, sino de que, de acuerdo con los criterios establecidos en la orden, se puedan cumplir los objetivos fijados. Así, fuentes del sector explican que, de los 2.100 megavatios que se van a poder repartir (se estima que 200 deberán ir destinados a planes eólicos aún no agotados, y cuyos titulares todavía conservan unos derechos que se deben respetar), en torno a 1.800 irán a parar a las empresas que presenten los mejores proyectos industriales de interés general para Galicia, y solo quedarán 300 para el resto de los aspirantes.
No es difícil pronosticar, no obstante, que el concurso dejará insatisfechos a casi todos. Fuentes del sector explican que los grandes operadores, tanto los ya presentes en el negocio (Fenosa, Iberdrola, Acciona, Eurovento o Gamesa), como los nuevos grupos asociados a las grandes fortunas gallegas (Gaelsa, Andavia, Cupa o San José) pedirán en torno a mil megavatios (de San José ya se ha dicho que quiere 1.900, el 82% del total), con la intención de que les den 600, aunque tendrán que conformarse «con 200 o, como mucho, 300», afirman.
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