La eléctrica traslada a la Xunta su malestar por una medida «discriminatoria, que puede tener gran impacto»
La cúpula de Unión Fenosa ha comunicado ya a la Administración gallega su gran preocupación por el impacto económico que puede tener el canon hidráulico, un impuesto que pretende poner en marcha el bipartito al finales de esta legislatura para gravar la actividad de los embalses.
La empresa de origen gallego con sede en Madrid ha hecho saber a la Xunta que la medida es «discriminatoria», y ya ha comunicado a la Consellería de Economía que la tendrá en cuenta a la hora de decidir sus inversiones en esta autonomía.
El vicepresidente y consejero delegado de Unión Fenosa, Honorato López Isla, lo dejó claro el pasado martes por la noche en la capital gallega. «La empresa tiene que valorarlo económicamente y, en el contexto social, estamos en Galicia, pero también en otras partes, donde no hay estos cánones o son mucho más bajos», advirtió.
Fenosa considera que la tasa no solo es discriminatoria sino determinista y cree que es un error poner fronteras a la energía porque el precio de la electricidad es igual en todas las comunidades.
Esta no es la primera vez que Unión Fenosa arremete con cierta dureza contra el canon impulsado por el bipartito: el pasado mes de octubre, en una visita a Galicia, López Isla ya mostró su oposición a la tasa y advirtió, incluso, que podría subir el recibo de la luz. La eléctrica, además, considera que la penalización de la generación hidráulica en los embalses va contra las energías renovables, un sector que se está impulsando a nivel mundial.
Pedro López Jiménez, presidente de Unión Fenosa, mostró su malestar con el canon a comienzos del pasado mes en una entrevista concedida a este mismo periódico. «No me parece nada bien: no se aplaude un tipo de tasa que introduzca diferencias en un mercado nacional y que además provoca distorsiones», dijo entonces el máximo responsable de la eléctrica controlada por ACS.
La Xunta defiende su iniciativa, pese a las fuertes críticas recibidas, y considera lógico que las empresas que utilizan los recursos naturales de un territorio dejen en él parte de sus beneficios. Recientemente, el conselleiro de Medio Ambiente, José Manuel Vázquez, aseguró que la nueva norma estará operativa al final de la legislatura.
Para el responsable socialista, la filosofía de esta iniciativa es muy sencilla: que el aprovechamiento de los ríos gallegos tenga contraprestaciones para todos los ciudadanos de la comunidad gallega.
El canon es un impuesto medioambiental que estará vinculado a la producción de energía hidroeléctrica y gravará la tierra ocupada por los embalses. El bipartito quiere invertir la recaudación en las comarcas en las que estén localizadas las centrales.
Los criterios
La tarifa estará íntimamente ligada con el territorio en el que se ubica la instalación y, por lo tanto, con el volumen del agua. Con este modelo, el Gobierno gallego quiere evitar que las empresas eléctricas paguen en función de la cantidad de energía eléctrica hidráulica que hayan generado ese mismo año. El canon tiene un tipo impositivo único y no se aplicará de manera progresiva.
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