La actuación del Gobierno se limitará a favorecer la vivienda protegida pero no hará «planes de rescate»
09 may 2008 . Actualizado a las 02:00 h.En su primera comparecencia de la legislatura ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, el ministro Solbes lanzó un mensaje claro sobre los propósitos del Gobierno respecto a la crisis de la construcción, cuyas patronales reclaman insistentemente medidas: «No se debe tratar de impedir artificialmente el necesario ajuste en la construcción».
El vicepresidente económico se refirió a que el sector ha acumulado «ciertos excesos» en años anteriores y deben ser «corregidos» para que la construcción residencial pueda volver a crecer «con normalidad». De este modo, desveló que la intervención del Ejecutivo en la crisis del ladrillo se limitará a favorecer la construcción de vivienda protegida, pero que no se pondrán en marcha «planes de rescate indiscriminados» para el este segmento de actividad, según confirmaron fuentes del ministerio.
Impacto en el PIB
Solbes admitió, sin embargo, que, dada la importancia de la vivienda en España y su significativo «efecto arrastre» sobre otros sectores, tendrá «inevitablemente un impacto en el PIB, pero este será transitorio». Asimismo, subrayó que el «ajuste» de la construcción se está produciendo «más rápido» de lo esperado, pero que «también acabará antes», por lo que insistió en que la respuesta del Gobierno a corto plazo debía ser, en política fiscal, «permitir el funcionamiento de los estabilizadores automáticos», es decir, «asumir el deterioro presupuestario» sin tomar medidas «restrictivas».
El ministro recordó que se promoverán medidas que hagan posible alcanzar el objetivo de construir 150.000 viviendas protegidas al año. Con respecto a las posibles deducciones fiscales para incentivar la compra y la rehabilitación de inmuebles y que la ministra del ramo, Beatriz Corredor, iba a plantearle ayer a Solbes en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, no llegaron a tratarse en la reunión -aunque Economía ya se había posicionado en contra-. En este sentido, lo que Corredor presentó a la Comisión fue la hoja de ruta de su departamento para abordar el panorama inmobiliario, en pleno «reajuste».? El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2009-2012, la movilización de suelo público para pisos protegidos, un plan renove sobre eficiencia energética de los hogares y un programa estatal de rehabilitación y renovación urbana, así como medidas orientadas al alquiler y mayor agilidad administrativa para los trámites urbanísticos fueron las grandes líneas dibujadas por Corredor como «objetivos» de su ministerio.
Críticas de la oposición
Por otra parte, aunque los grupos de la oposición -con especial virulencia el PP- acusaron al ministro de no realizar un diagnóstico adecuado de la situación económica del país, reclamándole que llamara por su nombre a lo que no era más que «crisis», Solbes defendió ante los diputados -que le exigían la puesta en marcha de medidas estructurales, en lugar de «parches»- la batería de actuaciones aprobada por el Ejecutivo en el Plan de Estímulo Económico, en el que se integra, por ejemplo, la atacadísima devolución de los 400 euros.
Con respecto a las propuestas alternativas planteadas por los demás grupos políticos para enfrentar la desaceleración, Solbes dijo no compartirlas. «No las veo, honestamente, no las veo», afirmó en relación a la propuesta de deducción generalizada por compra de vivienda, planteada por el PP, de la que señaló que «solo subiría los precios».
Aún admitiendo el difícil escenario económico actual, el vicepresidente se mostró optimista con respecto a la capacidad del país para recuperarse con rapidez, algo que pronosticó que ocurriría a partir de mediados del próximo año. «Una vez que se reconduzcan los excesos de años anteriores en la construcción residencial, el crecimiento del PIB podrá retornar a ritmos del entorno del 3%».
En su comparecencia también avanzó algunas de las actuaciones «prioritarias» para esta legislatura, entre las que están aumentar la «competencia, la calidad y la eficiencia» en el sector servicios, que supone el 67% del PIB y el 66% del empleo; reducir un 30% las cargas administrativas para las empresas; reformar el mercado laboral y la Seguridad Social, poner en marcha un segundo Plan contra el Fraude y reformar el sistema de supervisión financiera.