Los aspirantes a construir nuevos parques eólicos en Galicia tienen, en principio, carta blanca para salirse del mapa . La Consellería de Industria admitirá propuestas de nuevas áreas de desarrollo para la explotación del viento, aunque estén fuera del Plan Sectorial Eólico de Galicia (Psega). Quienes apuesten por este tipo de alternativa están obligados a presentar una argumentación técnica en la Xunta y así como a delimitar sobre un mapa la extensión exacta de la superficie que se pretende ocupar.
La medida, que había sido demandada por el sector en los últimos meses, aparece recogida en la orden publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia, que abre oficialmente el mayor concurso eólico convocado hasta ahora en la región.
Se calcula que al menos una treintena de compañías o grupos empresariales españoles y extranjeros estarían interesados en solicitar nueva potencia eólica en Galicia. Todos ellos disponen de plazo hasta finales de junio para presentar sus proyectos. Una comisión de valoración se ocupará de admitir o descartar cada una de las ofertas. El conselleiro de Industria, Fernando Blanco, ya ha advertido que la decisión se adoptará en tres meses, pese a que la orden publicada ayer habilita hasta seis para la toma de la decisión.
El comité de valoración estará totalmente controlado por la Consellería de Industria. El presidente será el director xeral de Industria, mientras que el director del Instituto Enerxético de Galicia (Inega) actuará como vicepresidente. Tres representantes de la dirección xeral de Industria y dos del Inega completarán las vocalías.
En los criterios de valoración, que la Xunta ha querido baremar el máximo para no dar lugar a malas interpretaciones entre las empresas, el departamento que dirige Fernando Blanco tiene intención de primar la cesión de participación pública en los nuevos parques y la creación de empleos y tejido industrial. Junto a estos dos factores determinantes de los nuevos parques, la colaboración de las empresas para mejorar las infraestructuras de evacuación eléctrica, y las propuestas de mejora y corrección medioambiental serán las otras dos cuestiones más valoradas. En juego están 2.325 nuevos megavatios.