Un mercado asimétrico que permite a los galos operar en España e impide a los españoles hacer lo mismo en Francia
ECONOMÍA
España es junto al Reino Unido el país europeo con el mercado energético más abierto. Ha completado el proceso de privatización de todas las empresas eléctricas en las que el Estado tenía participación, El Gobierno no está presente ni tiene capacidad de decisión en los consejos de administración de ninguna de ellas, ha empezado a separar los negocios de producción, transporte y distribución de energía, está completando la interconexión de sus redes nacionales y transfronterizas para permitir que los ciudadanos puedan elegir libremente a la empresa suministradora que más les convenza entre un número de operadores suficientes para garantizar una competencia eficaz, y su legislación permite que firmas extranjeras adquieran activos en su territorio.
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El más cumplidor. España es, pues, uno de los países más cumplidores con el afán liberalizador de Bruselas. Pero contrariamente a lo que cabría esperar, se está topando con muchos más problemas que otros Estados que siguen manteniendo un firme control sobre las empresas energéticas. La sentencia de ayer cierra uno de los expedientes que tramitaba el Tribunal de Justicia de la UE, pero no será la última.
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Acción de oro. Es cierto que las trabas que la CNE impuso a la opa de E.On sobre Endesa dificultan la libre circulación de capitales, uno de los principios básicos del mercado único europeo. Pero el problema es que el mercado europeo de la energía es asimétrico y aún está muy lejos de ser único. De hecho, si la operación de E.On y Endesa se hubiera planteado al revés, la española no habría tenido prácticamente ninguna posibilidad de hacerse con su rival germana, sobre la que la Administración sigue manteniendo una acción de oro derivada de su fusión en el año 2002 con la gasista Rhurgas.
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El sangrante caso francés. Pero el caso más sangrante es el de Francia. EDF es una empresa pública dominada por el Estado, blindada contra la entrada de capital extranjero y que dispone de una cuota de mercado superior al 90%. Ahora se plantea entrar en España adquiriendo parte de Iberdrola, pero si la vasca o cualquier otra sociedad europea, ya sea pública, privada o mixta, quisieran comprar EDF en las mismas condiciones, sencillamente no podrían hacerlo porque la ley francesa se lo impide.
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Veto al extranjero. Hace cuatro años, el Parlamento galo aprobó una norma que veta la posibilidad de que un operador extranjero se haga con más del 30% del capital de Électricité de France. Y esa compañía cuenta con otras dos ventajas: sus recursos no dependen de la gestión empresarial, ya que su balance está ligado a los Presupuestos Generales del Estado francés, y además sus decisiones pueden tener carácter político, y no económico, ya que los gestores no tienen que rendir cuentas ante ninguna asamblea de accionistas. EDF quiere ahora comprar Iberdrola, y algunos analistas sostienen que lo hace con fines claramente políticos y con el objetivo no declarado de segregar parte de los activos de la empresa -centrales, parques eólicos, presas y embalses- para, quizá, derivar la energía que producen hacia su territorio galo.
Si eso fuese cierto, Francia lograría un indudable avance en su carrera para garantizar el suministro de electricidad a sus ciudadanos, pero lo haría a costa de la seguridad energética de sus vecinos. ¿Está obligado el Gobierno español a hacer algo al respecto?
«La actual normativa de la Comisión Europea es contradictoria y compleja», dijo ayer el vicepresidente económico del Ejecutivo, Pedro Solbes, quien aseguró que su departamento mantendrá sus posiciones en la batalla que sostiene con la Comisión. Bruselas también ha recurrido la ley española que permite al Estado tutelar la compraventa de compañías energéticas, así como las condiciones impuestas a la opa, ya ejecutada, de Enel y Acciona sobre Endesa.
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Precedentes negativos. Es pronto para aventurar en qué sentido fallará la Justicia europea en esos casos, pero los precedentes más recientes no llaman al optimismo. La decisión de ayer es uno de ellos. El segundo, otra sentencia del Tribunal de la UE que tumbó el mes pasado la ley española de 1999 que, bajo el mandato de Rato, limitaba la capacidad de las empresas públicas extranjeras que adquirieran empresas energéticas en España.