El Ejecutivo español quiso hacer ver ayer que la sentencia del Tribunal de la Unión Europea no sienta un precedente, y que no afecta tampoco a su capacidad para actuar en el futuro en el mercado energético y proteger a las compañías españolas contra la entrada en su capital de sociedades dominadas por otros Estados. Pero lo cierto es que Bruselas no piensa lo mismo, sino todo lo contrario.
El portavoz de Competencia de la Comisión Europea, el británico Jonathan Todd, señaló en rueda de prensa que la sentencia confirma que los Gobiernos de los socios comunitarios «no pueden hurtar a los ciudadanos y las empresas los beneficios del mercado único», e instó a España a «tomar nota» del fallo. Poco después, la Comisión colgó un comunicado en su página web en el que pide a las autoridades españolas «que no impongan requisitos ilegales a las fusiones energéticas transfronterizas».