Hacienda investiga a los empresarios Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, dueños del grupo turístico Marsans y de Aerolíneas Argentinas, por un supuesto delito fiscal cuantificado en 99 millones de euros, que presuntamente se habría cometido durante el controvertido proceso de privatización de la compañía sudamericana en el 2001. Según el informe pericial realizado por un inspector de la Agencia Tributaria, remitido al juzgado madrileño encargado de este caso, las irregularidades en cuestión se cometieron en el impuesto de sociedades declarado al año siguiente, en el 2002.
El perito Carlos Navas, designado por la magistrada Gemma Gallego a instancias de la Abogacía del Estado (que defiende los intereses del fisco español), ha analizado el camino que siguieron los 758 millones de dólares de la época que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió a Marsans para reflotar la aerolínea que, a su vez, había sido vendida por el precio simbólico de un dólar dado las deudas abultadas que acumulaba. De aquella suma, 300 millones de dedicaron a pagar a distintos acreedores, mientras que sobre el resto la pista no está nada clara e incluso, según se desprende del informe, se dedicaron a comprar otros activos ajenos a la operación (por ejemplo, unos créditos de Repsol) con un carácter «lucrativo».
Dinero público
Con independencia de la valoración jurídica que se dé a este último hecho, al tratarse de dinero público cuya entrega se vinculó a un fin concreto, el perito también sostiene que a través del impuesto de sociedades (fundamentalmente de Air Comet, una filial de Marsans) se solicitó una devolución de 20.000 euros cuando, en realidad, una vez «echas las correcciones pertinentes» por el ejercicio cerrado a 28 de febrero de 2002, le habría correspondido pagar al fisco 99,05 millones de euros.