Despejada la incógnita de la fecha del concurso eólico gallego y, desde ayer, también el desbloqueo judicial del decreto regulador del sector, la obsesión de las empresas es ahora cómo sortear las «dificultades» de las futuras adjudicaciones.
Una de las mayores preocupaciones es la cesión de una parte de los nuevos parques a la Xunta, que ya no será obligatoria, como se sugirió inicialmente, pero sí se convertirá en clave para hacerse con megavatios nuevos.
Las empresas llevan días manejando informes jurídicos para driblar esta dificultad. Una de las opciones que más agrada al sector es la de constituir empresas con capital público que sería adelantado por la parte privada de la sociedad. La Xunta mantendría siempre su porcentaje de participación, pero la empresa recuperaría el dinero en varias anualidades con la facturación de los nuevos parques.
El concurso eólico sembrará la comunidad autónoma con una media estimada de 1.500 nuevos aerogeneradores. Industria ya adelantó que valorará especialmente la generación de empleo y tejido empresarial a la hora de adjudicar nueva potencia. Y esta nueva industria no tendrá que estar necesariamente asociada al sector eólico, lo que abre la puerta a empresas y empresarios ya asentados en Galicia.
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