energía Las eólicas optan por levantar el veto judicial al decreto de la Xunta

Pocas actuaciones públicas moverán tanto dinero e intereses empresariales como el concurso eólico que la Consellería de Industria ultima desde hace días y que pretende abrir oficialmente la próxima semana, el mayor de la historia de la comunidad autónoma y uno de los más grandes realizados de una sola tacada en España.

Hasta ayer, el polémico decreto eólico que precedió a la puesta en escena de los 2.325 nuevos megavatios vivía pendiente de un recurso contencioso administrativo anunciado por la Asociación Eólica de Galicia (EGA), donde están representadas las principales firmas que operan en la comunidad (casi el 90% del sector). Una densa asamblea zanjó ayer la polémica. Finalmente, las eólicas levantarán su veto judicial al decreto. Por separado, todas concursarán para hacerse con una parte del suculento pastel del viento y, solo a título individual, alguna podría optar por seguir adelante con la vía judicial. El plazo para presentar recursos en vía contenciosa finaliza el lunes.

Aunque los teléfonos de los principales gestores de la EGA estaban ayer desconectados, fuentes del sector informaron a última hora de la tarde de que las «intensas negociaciones» de las últimas semanas con la Consellería de Industria han logrado despejar las principales incógnitas sobre el funcionamiento del concurso.

Mucho en juego

En juego están inversiones que la Xunta ha calculado por encima de los 5.500 millones de euros para los próximos cinco años, y una facturación anual conjunta en los nuevos parques que rondará los mil millones de euros a pleno rendimiento.

Industria ha tranquilizado al sector asegurándole que la orden que regulará el concurso propondrá un sistema muy baremado y unos parámetros técnicos bien delimitados. Sobre la caducidad de los planes en vigor, una de las grandes críticas de las operadoras, la Xunta se habría comprometido a valorar la experiencia y el trabajo desarrollado hasta ahora en la eólica gallega.

Irregularidades

Las empresas habían detectado hasta siete irregularidades en el documento eólico del Ejecutivo autónomo. Las más graves eran la presunta ilegalidad de las fórmulas elegidas para las cesiones de participación pública, y la derogación de los planes vigentes y no ejecutados.

Tal y como ya pronosticó la Consellería de Industria, los aspavientos públicos del sector, que había pronosticado una «larga batalla en los tribunales», se han minimizado en cuanto las empresas han visto de cerca la apertura del esperado concurso.

El reparto de la nueva potencia ha provocado un aluvión de proyectos en Galicia. Algunas de las más prestigiosas ingenierías de España han trabajado en las últimas semanas para empresarios gallegos y multinacionales europeas elaborando planes y estudios de viabilidad sobre el nuevo escenario eólico gallego. La conclusión es que las empresas tradicionales, las multinacionales interesadas por entrar en el negocio del viento gallego y las agrupaciones de empresarios de la tierra multiplicarán por diez las previsiones de la Xunta. Se calcula que la puja por los 2.325 nuevos megavatios terminará con peticiones que superarán los 22.000.

El conselleiro de Industria, Fernando Blanco, ha despejado esta misma semana otra gran duda de las eólicas. El Gobierno gallego permitirá solicitar nueva potencia a cambio de repotenciar los parques actuales, poblados con molinos pendientes de una renovación tecnológica que hará posible generar la misma electricidad con la mitad de los aerogeneradores actuales.