energía Los usuarios estudian si el fin de la tarifa nocturna es inconstitucional

La entrada del nuevo año abrió la recta final para la desaparición de la tarifa eléctrica nocturna y, con ella, arreciaron las protestas en el Ministerio de Industria. A las formalizadas por usuarios a título individual, que superan ya las 100.000, se unen las colectivas de las asociaciones de consumidores, que rondan el centenar desde todas las comunidades autónomas.

En el caso gallego se han remitido a Madrid más de tres millares de cartas de otros tantos usuarios. Hasta 157.000 hogares gallegos tienen contratada la tarifa nocturna (más de un millón en toda España). De ellos, 1.100 han solicitado ya el cambio voluntario al nuevo sistema de discriminación horaria. El resto siguen aguardando las novedades hasta la desaparición formal de la tarifa, el próximo julio. Y estas no cesan. Ayer mismo se conoció la denuncia formulada desde la asociación que reúne a las fabricantes e importadores de acumuladores eléctricos para calefacción (Ficae).

En todos los casos se critican algunos aspectos de las nuevas tarifas y, sobre todo, el sistema elegido para su entrada en vigor. Que el recibo de la luz va a subir es una evidencia que no niega ni el propio ministerio. Pero las penalizaciones impuestas en los nuevos contratos que reemplazarán a la tarifa nocturna obligatoriamente a partir de julio resultan difíciles de justificar.

Las horas valle (en las que el consumo eléctrico es más barato) pasan de 8 a 14 en el nuevo sistema, pero el descuento decrece hasta el 47%, desde el 55% actual. En cambio, el consumo en horas punta (de día) pasa de penalizarse un 3% a hacerlo en un 35%. La medida podría resultar anticonstitucional por generar agravios intolerables. Al menos así lo estudian juristas de algunas organizaciones de consumidores por si los tribunales tuvieran que pronunciarse al final sobre la cuestión. Los usuarios contrataron hace años la tarifa nocturna a petición del Gobierno, para fomentar el consumo responsable durante la noche y evitar horas de posible colapso en la red. A partir de julio, para cualquiera de estos clientes, ver la televisión a las cinco de la tarde le costará un 35% más caro que a otro español que jamás se haya solidarizado con el supuesto ahorro energético.? Otra de las posibles inconstitucionalidades es, a juicio de las organizaciones de consumo, el hecho de que los costes de la actualización de la potencia instalada en cada domicilio corra a cargo de los usuarios (el coste medio se calcula entre los 160 y los 190 euros), cuando el cliente ni ha solicitado el cambio, ni está de acuerdo con él.

Los técnicos en la materia calculan que un cliente que no cuide su consumo ni realice en su vivienda las modificaciones precisas en su instalación podría llegar a pagar hasta un 49% más en sus recibos de la luz. Controlando la nueva potencia contratada y cambiando las resistencias de sus acumuladores de calefacción (que requerirán otra inversión próxima a los 300 euros), el incremento en el recibo podría controlarse entre el 6 y el 13%. La última palabra la tiene ahora el Ministerio de Industria.