Organizaciones de usuarios gallegas preparan ya las primeras denuncias contra los reales decretos que eliminan unilateralmente la actual tarifa nocturna.
Miguel López, de la Unión de Consumidores de Galicia, asegura que, por el momento, la falta de información sobre el cambio de modelo tarifario está provocando pocas quejas. La asociación tiene un modelo de carta preparado para que los usuarios la remitan al Ministerio de Industria. En la misiva se subraya el total desacuerdo del firmante con el hecho de que se obliguen a modificar las condiciones firmadas en los contratos de suministro de energía con la compañía suministradora, en lo relativo a la potencia contratada y al tipo de tarifa, debido al elevado coste económico que supone este cambio.
También se apela a una posible violación del artículo 9.3 de la Constitución española, que garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, por el hecho de que se obligue a cambiar de tarifa con un recargo en el consumo de horas punta del 35%, cuado lo firmado con la compañía fueron contratos de suministro con una tarifa regulada por la orden de 12 de enero de 1005 en la que el recargo solo era del 3%.
Se considera igualmente un «abuso» el hecho de que la compañía cobre una cantidad económica por acceder a la red cuando ya se ha consumido esa potencia de red con los contratos actuales.
López Crespo coincide en que, con las nuevas tarifas, «podría llegar a pagarse hasta un 49% más y, por otro lado, el consumidor parece obligado a volver a invertir en equipamiento para dotar de calefacción a su vivienda. Los fabricantes de acumuladores de calor creen que las nuevas tarifas no implicarán cambios sustanciales, aunque admiten que para aprovechar mejor las nuevas condiciones horarias será conveniente invertir en una mínima adaptación de los equipos actuales.