El sector espera que las discrepancias sobre el nuevo texto queden resueltas en la próxima orden de reparto
30 dic 2007 . Actualizado a las 02:00 h.Por cada megavatio eólico que la Xunta repartirá en la próxima orden de enero, el sector demanda como mínimo tres. Ese es el cálculo efectuado por diversas fuentes de esta industria que consideran que, una vez aprobado el polémico decreto que regulará el aprovechamiento energético del viento en la comunidad, la Consellería de Industria tiene ahora ante sí un reto aún más complicado: repartir los 2.500 megavatios que quedan hasta llegar al ansiado techo de los 6.500, cumpliendo el objetivo de que el negocio tenga un retorno en la sociedad gallega pero sin provocar un enfrentamiento con los operadores que bloquee el sector durante años.
Las conversaciones se han sucedido en las últimas semanas entre los eólicos y la Administración. «Hablan más ahora que antes de aprobar el decreto», explica una fuente del sector. El objetivo es que los puntos de acuerdo, básicamente la necesidad de que Galicia no pierda el liderazgo en la carrera por el viento, se antepongan a las discrepancias: los eólicos estiman que el decreto está lleno de ilegalidades, como indicaron en su día los servicios jurídicos de la Xunta y el Consello Consultivo.
De momento, los principales operadores, agrupados en torno a la Asociación Eólica Galega (EGA), aún están estudiando el texto definitivo del decreto y no se pronunciarán sobre este hasta que tengan en su poder varios informes jurídicos que han encargado a otros tantos bufetes. Posteriormente, será la directiva, y después la junta general, quien de forma asamblearia decidirá si se acepta la nueva regulación. Fuentes de la patronal explican que, si bien la oposición a algunos puntos del texto es total, la Xunta aún está a tiempo de «enmendar los errores» en la orden de reparto prevista para enero. «Si no ceden en el cien por cien -explican-,?al menos esperamos que lo hagan en una parte sustancial. A fecha de hoy el panorama está muy abierto».
En trazos gruesos, los operadores están en contra de que la participación pública sea un requisito en el concurso y acusan a la Administración de obviar los derechos que tenían sobre las áreas de investigación, que con el nuevo decreto desaparecen para que puedan entrar en liza nuevos competidores.
Los eólicos aseguran que ni siquiera están en contra de la participación pública, porque es algo que ya se hace y con resultados positivos: «A veces, el hecho de tener sentado en el consejo a un representante de la Administración ayuda a que esta entienda los obstáculos del día a día, y sea más receptiva cuando le planteamos un problema», explica el primer ejecutivo de una compañía. Pero con lo que no transigen los eólicos es con el hecho de que el nuevo decreto haya convertido esa posibilidad en un requisito. «Si EGA se posiciona radicalmente en contra, es capaz de paralizar el sector -asegura otra fuente-,?pero eso no es bueno para nadie». Las conversaciones entre los eólicos y la consellería irían por tanto encaminadas a evitar un recurso en los tribunales que pudiese, incluso, suponer la suspensión temporal de la orden de reparto. Otra cosa, afirman las mismas fuentes, es que después las empresas, a título particular, defiendan sus derechos.
Con acuerdo o sin él, lo que nadie duda es que la demanda de potencia superará todas las anteriores. Una de las razones es que se trata de la primera vez que se van a poner en el mercado 2.500 megavatios en una sola orden. La Consellería de Industria ha optado por hacerlo así para darle tiempo al sector a desarrollar los parques en los próximos cinco años.
Además, la Administración gallega quiere aprovechar la actual sintonía con Madrid. El ministerio, que hace meses ponía en duda la capacidad de Galicia para desarrollar 6.500 megavatios, ahora está de acuerdo. Además, ha excluido a la comunidad del mapa de eólica marina, tal y como pretendía la Xunta.