Las multas máximas podrían rondar los 700 millones de euros, un 10% de la facturación anual de las compañías
16 oct 2007 . Actualizado a las 11:51 h.El convulso sector de la telefonía móvil, envuelto desde hace dos años en una enconada guerra de precios entre las operadoras para captar clientes, vivió ayer un repentino revolcón al conocerse la apertura de un expediente por parte de la oficina de Defensa de la Competencia a las tres grandes compañías: Movistar, Vodafone y Orange. Juntas, representan más del 95% del mercado. Ahora están acusadas de pactar la última subida colectiva de tarifas, el pasado marzo, a raíz de la entrada en vigor de la ley contra el redondeo.
La obligatoriedad de facturar por segundos habría podido unir a los eternos adversarios en una tregua oficiosa para seguir con los crecimientos de facturación habituales. No es la primera vez que ocurre. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) recordó ayer que el pasado julio obligó a Telefónica Móviles y Vodafone a reducir un 17,13% sus precios de interconexión, haciendo caso a las denuncias de Uni2 y WorldCom. Amena (ahora Orange) también habría sido obligada el diciembre anterior a rebajar estos precios un 14,7%.
Ahora, denunciadas por varias organizaciones de consumidores, las operadoras están acusadas de haber ingresado durante años miles de millones de euros por facturar más minutos que los realmente utilizados por sus clientes y responder a la paralización legal de estas prácticas con una subida presuntamente abusiva y generalizada de tarifas.
Los datos de la CMT juegan en contra de las empresas. Según la Comisión, el primer trimestre contabilizado desde la entrada en vigor de la ley (desde abril a junio del 2007), la facturación de las operadoras siguió creciendo al ritmo de los dos últimos años. Cálculos oficiosos habían cifrado entre un 14 y un 17% el descenso que debían experimentar al comenzar a cobrar por minuto a sus clientes.
Además, las tarifas de las tres operadoras para el establecimiento de llamada o el envío de mensajes SMS y MMS son idénticas desde la subida de marzo, al margen de cada promoción particular.
En caso de culminar en sanción, las multas máximas previstas para el expediente abierto desde la Oficina de la Competencia podrían ascender al 10% de la facturación anual de las compañías. En el caso de la firma líder del sector en España, Movistar, ese castigo rondaría los 700 millones de euros. Para Vodafone, la cantidad se situaría en el entorno de los 450 y, en el caso de Orange, llegaría hasta los 230 millones.
Telefónica y Orange prefirieron no valorar ayer la medida. Sus servicios jurídicos trabajan en las posibles alegaciones. Desde Vodafone negaron un pacto de tarifas e insistieron en que el sector de la telefonía móvil es «uno de los que más competencia de precios tiene en España».