La batalla entre los Gobiernos central y madrileño continúa. Tras los desacuerdos por la competencia sobre Renfe Cercanías o la insatisfacción de Esperanza Aguirre ante los Presupuestos Generales del Estado, ahora le toca el turno al mercado energético. El Ejecutivo madrileño ha decidido interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Hidrocarburos, aprobada el pasado julio. Considera que «invade las competencias autonómicas, favorece el monopolio e impide concurrir en igualdad a las empresas» de distribución.
Aunque el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, Ignacio González, no quiso durante su intervención referirse a la empresa que, a su juicio, resultará beneficiada, en un comunicado del Gobierno regional se alude a Gas Natural como la compañía a la que se dará un trato de favor.
Como señaló González a continuación, la ley favorece a los gestores que tengan una mayor implantación, ya que tendrán preferencia a la hora de que la Comunidad otorgue las autorizaciones de nuevas instalaciones, «limitando así las posibilidades de acceso de los nuevos gestores de la red».
Igualdad de condiciones
«No sólo impide concurrir en igualdad de condiciones a todas las empresas distribuidoras para operar en la región, sino que fomenta el monopolio y, además, invade las competencias que reconoce a Madrid su Estatuto de Autonomía», señaló el portavoz. Por esa razón, mantiene que corresponde al Gobierno de Madrid «el desarrollo legislativo, la potestad parlamentaria y la ejecución de la legislación del Estado, en materia de régimen minero y energético».
La nota apostilla que, «dado que el distribuidor de la zona en Madrid es Gas Natural, es clara la pretensión del Gobierno central de consolidar y mantener la situación de monopolio de facto a favor de esta empresa, restringiendo los derechos de libre concurrencia y libertad de iniciativa».