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parques eólicos La Xunta impugna el decreto de Madrid de energía eólica marina

Cree que la orografía de la costa gallega y la riqueza de sus rías impiden impulsar esos parques

El bipartito recuerda al Gobierno que la regulación del sector es suya y amenaza con ir al Constitucional

Autor:
Mario Beramendi
Fecha de publicación:

La Xunta ha lanzando un pulso al Ejecutivo de Zapatero para impedir que Madrid se quede con su poder para autorizar parques eólicos marinos. El bipartito acordó ayer formular un requerimiento de incompetencia ante el Gobierno central al entender que el real decreto del Ministerio de Industria para regular el sector invade su ámbito de decisión. Este es el paso previo en vía administrativa antes de acudir al Constitucional, tal y como reconoció ayer el presidente Touriño, quien mostró su deseo de resolver el conflicto antes de recurrir al alto tribunal.

La Administración gallega quiere el poder de veto sobre estas instalaciones porque considera que la orografía de la costa (elevada profundidad) y la riqueza natural de las rías son barreras más que justificadas para impedir aquí el desarrollo de estas instalaciones. Éste también ha sido el criterio defendido por todos los grupos con representación en el Parlamento gallego.

Según el bipartito, el legislador estatal no ha sido respetuoso con el esquema constitucional y estatutario de distribución de competencias, ya que ha usurpado el poder de Galicia en materia de autorización de instalaciones eléctricas, que figura reconocido en el artículo 27 del Estatuto gallego y en el 149.1 de la Constitución.

La Xunta entiende que el legislador estatal se ha apoyado en dos criterios para reservarse la competencia en la autorización de parques eólicos marinos: primero, que estas instalaciones se ubican en el mar territorial, y segundo, que la potencia mínima instalada debe ser superior a 50 megavatios.

El Gobierno gallego considera que ninguno de estos dos argumentos son criterios constitucionales para la delimitación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Y respalda este argumento en varias sentencias dictadas al respecto por el propio Tribunal Constitucional.

El Gobierno central, por su parte, entiende que puede legislar sobre la autorización de parques en la costa española y defiende su poder para elaborar el mapa eólico. «Creemos que tenemos competencia para ello», precisaron ayer fuentes de Industria. Antes de final de año, este ministerio, junto al de Pesca y Medio Ambiente, presentará un documento con las zonas estratégicas para acoger molinos por condiciones naturales de viento y de perfil costero.

Presumiblemente, en ese mapa estará Galicia. También figurarán otras zonas, como Cádiz, Huelva, Castellón y el Delta del Ebro.

Sin embargo, desde la consellería que lidera el nacionalista Fernando Blanco siguen apelando al acuerdo parlamentario de noviembre del 2005, cuando todos los grupos se pronunciaron en contra de dos proyectos para ubicar plataformas eólicas marinas en la costa de Carnota, iniciativa solicitada por las empresas Gamesa y Norvento.

La Xunta apela a motivos pesqueros, turísticos y medioambientales para oponerse a unas instalaciones que han gozado de un gran desarrollo en otros países como Dinamarca y el Reino Unido.

 

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