El órgano sopesa las sospechas de que haya un acuerdo ilegal en algún punto de la cadena productiva
13 sep 2007 . Actualizado a las 02:00 h.La nueva Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha empezado a investigar si la industria alimentaria y la manufacturera han alcanzado algún tipo de pacto bajo mano para subir sus precios de manera sensible y coordinada, a la vista del encarecimiento de los cereales. No obstante, su presidente, Luis Berenguer, precisó ayer que por ahora se trata de una actuación preliminar, ya que aún no se ha iniciado un procedimiento formal y este dependerá de los datos que se recaben durante varias semanas.
En el CNC -órgano surgido de la fusión entre el tribunal de defensa de la competencia y el servicio- se han visto elementos «llamativos» que motivan que se maneje la posibilidad de incoar un expediente oficial, aspecto sobre el que Berenguer no quiso profundizar. Lo que sí hizo fue dar varios apuntes para explicar por qué observan con «preocupación» la actuación de las empresas transformadoras en esta crisis, sobre todo a la vista de que sus declaraciones han sido «coincidentes» en la forma, el fondo y el tiempo que se han realizado.
Desde el órgano encargado de velar por la libre competencia pretenden esclarecer si las advertencias que la industria ha hecho sobre próximas subidas en sus precios a raíz del aumento en el coste de los cereales son sólo «un aviso a navegantes» o esconden detrás un mensaje concreto a los fabricantes para que suban sus tarifas al amparo de la coyuntura actual. En este segundo caso, el presidente de la Comisión entiende que sería una manera «sofisticada» de infringir la normativa vigente sobre la fijación de precios.
Las pesquisas del órgano se centran en la posibilidad de que se haya producido un acto mediante el que los interesados «localizan la atención sobre un mensaje» con el fin último de elevar las tarifas finales de uno o varios productos. «Me preguntó», señaló, si con sus declaraciones los fabricantes «están diciendo a las empresas de cada ramo y sus competidores que sigan la misma conducta y eleven sus precios en paralelo».
La sospecha sobre un pacto ilegal en algún punto de la cadena de alimentación, ya sea en los fabricantes o en los distribuidores, ha sido reiterada por las organizaciones de agricultores y ganaderos. Incluso desde el Gobierno se ha advertido que existen «movimientos» que se «deben controlar», pues los aumentos de las materias primas «no tienen paralelismo con los desorbitados que se quieren trasladar al producto final», afirmó ayer la ministra de Agricultura.