Incumplir la Ley de Horarios Comerciales, en vigor desde el 1 de enero en Galicia, es causa de sanción, y eso es lo que le ha ocurrido a dos establecimientos comerciales de Vigo a los que la Consellería de Industria ha impuesto sendas multas por importe de 60.001 euros cada una, por la apertura en día festivo o en domingo no incluido en el calendario anual de días hábiles en el sector.
Fuentes de la Consellería explicaron que la elevada cuantía del importe a pagar se debe a que se trata de una infracción catalogada como grave, «aunque dentro de la gama de sanciones este organismo impuso la multa de menor cuantía, ya que las amonestaciones pueden llegar a los 300.500 euros», aclara la administración. El propio conselleiro de Industria, Fernando Blanco, explicó ayer en Vigo que el motivo de las sanciones se debe a la aplicación de la nueva legislación «que está para eso, para facela cumplir», afirmó Blanco.
Pese a que existen precedentes anteriores de multas impuestas a establecimientos regentados por empresarios orientales por la apertura en domingos y días festivos, el importe de las sanciones hasta ahora nunca había superado los 6.000 euros.
Al respecto, y preguntado sobre el carácter ejemplarizante de la sanción y la falta de precedentes de una cuantía tan elevada, Blanco se limitó a afirmar que «é a mínima sanción para unha infracción grave, igual algúns antes non estaban aplicando a ley, pero está aprobada por unanimidade e se vai a facer cumplir», aclaró el conselleiro.
Nacionalidad sin confirmar
Ni el conselleiro Blanco ni fuentes consultadas en la consellería han querido dar más detalles sobre el tipo de establecimiento sancionado, ni confirmar que se trata de dos bazares orientales, tal y como se especula en el sector vigués. «As sanciones por incumplir a Ley non distinguen de nacionalidade», se limitó a afirmar Blanco.
Según un comunicado del departamento de Industria y Comercio, la denuncia contra los dos establecimientos sancionados fue presentada ante la Dirección Xeral de Comercio, que impuso la multa tras atender a las alegaciones de todos los interesados. Aclara la administración que los responsables de dichos establecimientos pueden recurrir esta decisión por la vía administrativa, ante la Consellería o presentando un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia.