La tasa de empleados públicos no supera los niveles del resto de Europa.
08 ago 2007 . Actualizado a las 14:02 h.España cuenta en la actualidad con dos millones y medio de empleados públicos, lo que equivale a uno por cada 18 habitantes, una tasa que no resulta «irrazonable» ni supera los niveles que se observan en los países de su entorno europeo.
Ésa es la opinión de los profesores de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Mariano Bacigalupo y Jesús Ángel Fuentetaja, que dirigen esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) un curso dedicado a examinar la reforma de la Función Pública y su futuro.
Estos dos expertos explicaron hoy en conferencia de prensa que, en cifras redondas, las comunidades autónomas tienen 1,3 millones de empleados, las entidades locales (diputaciones, ayuntamientos y otras entidades menores) cuentan con algo más de medio millón y la Administración del Estado dispone de aproximadamente medio millón.
Puestos esos 2,5 millones de empleados públicos en relación con el total de la población de España (44,83 millones, según la última estimación del INE), resulta que el país cuenta con una tasa de un empleado público por cada 18 habitantes.
«No creo que esa 'ratio' sea irrazonable, porque ha habido una reubicación», señaló Fuentetaja, para después recordar el trasvase de competencias y de empleados públicos que se ha producido en las dos últimas décadas desde el Estado a las comunidades autónomas.
Su compañero en la dirección del curso coincidió con él en considerar que el número de empleados públicos en España «no es excesivo, en comparación con los países del entorno europeo».
Sin embargo, Bacigalupo sí reconoció que en la legislación aplicable a la Función Pública aprobada en los últimos años sí «se percibe una cierta inquietud» por contener el crecimiento del número de funcionarios, aunque sus resultados hayan sido «modestos».
El curso que dirigen Bacigalupo y Fuentetaja en la UIMP está dedicado a examinar los cambios que va a introducir en la Función Pública el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado el pasado mes de abril en las Cortes, una norma prevista en la Constitución de 1978, pero que estaba pendiente hasta este año.
Los dos profesores explicaron que uno de los asuntos que más controversia está suscitando en el curso es si este Estatuto, concebido como una norma «de mínimos» aplicable a todas las autonomías, «es demasiado de mínimos», en palabras de Fuentetaja.
Este profesor de la UNED explicó que, quienes defienden esa opinión, advierten de que dejar un amplio campo de desarrollo sobre esta materia a las comunidades autónomas puede tener como consecuencia que se generen más diferencias territoriales entre empleados públicos, en materias como retribuciones o categorías.
Sin embargo, añadió, también resulta «lógico» que, dado que la descentralización ha hecho que las comunidades autónomas sean las mayores empleadoras de funcionarios públicos en España, tengan un «margen» de desarrollo normativo que les permita decidir cómo quieren organizar sus recursos de personal.
«Esta situación se ha tratado de paliar, de alguna manera, con una suerte de estatuto de derechos y obligaciones del empleado público que será común para todos», explicó.
Por su parte, Bacigalupo destacó entre las novedades del Estatuto Básico la obligación de que las administraciones sometan a evaluación el desempeño laboral de sus empleados, de modo que aquellos que alcancen los mínimos exigidos puedan ser removidos de su puesto.