Entre mayo y noviembre del 2006, tres pontevedreses consumaron ocho estafas a entidades financieras que les reportaron más de 43.000 euros en beneficios. Así, al menos, es lo que sostiene la Fiscalía de Pontevedra, que tiene previsto solicitar hoy en la Audiencia una pena de cuatro años y multa para J.M.D.M., mientras que rebaja la petición a los tres años en el caso de L.A.F.P. y de O.R.R.
La acusación mantiene que los tres «elaboraron un plan para solicitar y obtener de distintas entidades financieras (...) diversas cantidades en concepto de préstamos». Para ello, y siempre según el escrito del ministerio público, no dudaron en elaborar «documentación que no respondía a la realidad» o suplantaron «la personalidad de terceras personas», ambas medidas con el objetivo de «aparentar así una solvencia de la que carecían».
Al parecer, O.R.R. era el encargado de proporcionar a sus compañeros de banquillo «la documentación que presentaban en la distintas entidades bancarias para la solicitud de los préstamos y apertura de las cuentas corrientes», además de que «les indicaba» donde actuar.