A diferencia de otros servicios que se demandan desde Lalín y son competencia del Gobierno central, la reapertura del SMAC es potestad de la Xunta. En 1999, fue un plan de Xustiza -regida por Palmou- el que había permitido disponer del servicio de mediación sin desplazarse a Pontevedra.
Por otra parte, tampoco generaría elevados costes a la administración autonómica: bastaría compartir instalaciones, como entonces pasó con la Oficina Comarcal, desplazando un funcionario un día por semana. Se trata, por tanto, más de voluntad política que de otra cosa para reponer a Lalín un servicio de máxima utilización en este contexto de crisis.
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