No solo los principales concellos de la provincia están este año en el punto de mira del Consello de Contas para ser sometidos a revisión. La fiscalización se extenderá también a la gestión, controles y consecución de objetivos de la sociedad pública Xestur Pontevedra. Esta entidad es la responsable de la promoción de la inmensa mayoría de los polígonos industriales desarrollados en los últimos años, excepción hecha del construido por la Diputación en Barro-Meis, a través de su organismo autónomo Ipespo.
La pasada semana se conoció que Contas se proponía fiscalizar la deuda de los concellos de Pontevedra, Poio, Sanxenxo, Vilagarcía, Vigo, O Grove y Nigrán (ver La Voz del sábado). Pero su plan de trabajo, que tiene ya el visto bueno del Parlamento, incluirá igualmente la sociedad pública Xestur Pontevedra, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente.
Contas se va a fijar especialmente en el ejercicio del 2008, es decir, en la etapa en que esta sociedad fue gestionada por el bipartito. Sin embargo, nada le impedirá tomar el pulso a otros períodos si lo considera necesario.
Xestur está participada por la Xunta y la Diputación. A lo largo de los últimos años, contó con representaciones en su consejo tanto del bipartito PSOE-BNG como del PP. Tras la llegada de los populares a la Xunta en el 2009 y el consiguiente relevo en el equipo gestor, los propios rectores de la sociedad pusieron de manifiesto su pésima situación financiera.
Evitar la disolución
Una junta de accionistas celebrada en julio del 2009 admitió unas pérdidas en el 2008 de 17.309.821 euros y decidió realizar una especie de operación acordeón, reduciendo el capital de la sociedad a cero para hacer posible posteriormente una ampliación de capital.
Se trataba de evitar así que, conforme a la Ley de sociedades anónimas, Xestur permaneciese en situación de disolución obligatoria al quedar reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social a causa de las pérdidas.
Un informe que acompañó al proyecto de presupuestos autonómicos el pasado mes de octubre advirtió que Xestur estaba en una situación de quiebra técnica. Solo unos días después, la Xunta aprobó una ampliación de capital por un importe superior a los cuatro millones de euros para evitar la disolución de la sociedad. La Diputación tomó una decisión idéntica 72 horas después.
Al margen de las conclusiones a que llegue Contas, los expertos apuntan que, al fondo de las dificultades de Xestur, existe un problema de rotación en la venta de parcelas industriales. La sociedad no ha podido enajenar el suelo industrial que generó o no ha llegado a ponerlo en el mercado a causa de la crisis económica y de otros factores. Este bloqueo de ventas terminó por afectar gravemente al resultado del 2008.