El gobierno local de Lalín mantiene su postura en contra del pago por parte de la Xunta de Galicia al Ministerio de Fomento del préstamo participativo de 60 millones de euros que concedió a la concesionaria de la autopista AP-53, como requisito necesario para la cesión de la titularidad del vial al gobierno de San Caetano. Así lo reiteró ayer José Crespo, en relación a los pequeños avances que se produjeron el pasado martes en la reunión mantenida en Madrid por la comisión bilateral Galicia-Estado -que la Xunta negocie primero con Fomento el traspaso de la AP-53, y luego el de la AP-9-. Crespo lo considera injusto, máxime cuando la Xunta concedió otros 60 millones a fondo perdido para la construcción de esta autopista que une Santiago y Dozón.
Por su parte, el edil de Urbanismo y diputado autonómico, Román Rodríguez, señaló que la alusión a la necesidad de un nuevo Estatuto para realizar otras transferencias «é unha excusa de mal pagador».