Los últimos procesos de elección de nuevos presidentes ejecutivos en la Fundación del Mueble, de A Estrada, parecen estar bajo los efectos de una maldición o de la mirada de un tuerto. Ayer se intentaba dar un paso clave para buscar a un sucesor de Alfonso Sanmartín pero, como estaba casi cantado, una impugnación de las bases acabó bloqueando el proceso, quizá por varias semanas, estimándose ya que la feria de septiembre se celebrará sin un presidente ejecutivo.
El patronato de la Fundación tenía ayer una reunión a las diez y media de la mañana. Faltó el conselleiro de Industria. Había puntos de escaso interés a tratar, y aprobar, como las cuentas del pasado año, o el nombramiento de un secretario letrado. Este último puesto lo ocupará provisionalmente Rogelio Carreras, funcionario del Concello.
Bases polémicas
El asunto de mayor relevancia era la aprobación de las bases -que llegaban desde Santiago- para el concurso que se deberá abrir para elegir y contratar al nuevo presidente. No se llegó a votar finalmente porque se puso sobre la mesa una alegación del ente provincial, señalando que esas bases serían ilegales ,y una elección del presidente con las mismas sería nula.
Los argumentos de la Diputación parecían claros, y sorprendió un tanto que los reunidos no pudieran resolver allí mismo el problema. Según un informe de la asesoría jurídica de la Diputación, la Fundación del Mueble no está sujeta a la ley de Función Pública de la Xunta para procedimientos como éste.
Las bases que introdujo la consellería fijaban que sería un tribunal de funcionarios -tres de la Xunta y dos de A Estrada- quien valoraría a los candidatos y aportaría, con carácter vinculante para el patronato, el nombre del aspirante con mayor valoración.
El asunto quedó sobre la mesa, y bloqueado, hasta que todos se pongan de acuerdo sobre si la fundación está sujeta o no a dicha ley de Función Pública.
La representación de la Xunta en el patronato, a falta del conselleiro, corrió a cargo de la directora xeral de Comercio, Ana Rúa, y la delegada provincial de Industria, Monserrat Prado. Ellas mantuvieron que las bases eran correctas, pero los vocales de la Diputación, patronal y PP impusieron que se buscara otra salida. Al final, se optó porque sea el nuevo secretario letrado el que elabore un informe que determine si las bases son las adecuadas, o si hay que rectificarlas.