La concejala de urbanismo en A Estrada, Irene Aguiar, quiso replicar ayer, sin dejarse acompañar por algún otro miembro de su grupo de gobierno, a las últimas críticas y acusaciones de los portavoces del PP y Cidadáns en distintos aspectos de la vida municipal. No les dio demasiada importancia, ni mostró temor alguno, a las advertencias de José López sobre la posibilidad de que su partido se decida a judicializar las cuestiones municipales del urbanismo, sobre las que centró sus comentarios.
Tras recomendar a López tranquilidad y moderación, Irene Aguiar comentó que una de las amenazas se origina en una documentación que pidió el PP, y que ya estaban urgiendo a los dos o tres días. Recordó que hay un plazo para aportar esos documentos, y el PP los tendrá. Negó después que la oficina de urbanismo estuviera cerrada al público, o fuera una celda de castigo, pero precisar que todo el mundo puede consultar allí si pide antes autorización.
Dijo seguidamente que el PSOE nunca entró en el circo de las denuncias, ni en las urbanísticas, y le restó importancia a la posibilidad de que ahora lo haga el PP. «Estamos dando licencias -dijo- para beneficiar a los vecinos, que tenían proyectos paralizados desde hace años, y la inhabilitación de la que hablan es para los delitos».
En cuanto al informe medioambiental del PXOM, reiteró que el gobierno local optó por encargarlo. «Hemos hablado con el director xeral -comentó- para archivar el expediente de exención y agilizar los trámites. Si PP y Cidadáns dicen que tardaremos 18 o 24 meses en acabar el PXOM, allá ellos».
Gastos millonarios
Para concluir, la concejala de urbanismo repasó los gastos que, según explicó, le supuso a las arcas municipales el largo y estéril intento del PP por aprobar un PXOM.
Dijo inicialmente que desde el 2004 al 2007, incluidos, el Concello dejó de recaudar casi un millón de euros, en total, por la suspensión de las licencias.
A esa cantidad habría que sumar los propios gastos de redacción del Plan Xeral. Irene Aguiar cuantificó en 540.000 euros lo que pagó el Concello, durante el último empeño -desde el 2000- a los redactores de un PXOM que la Xunta acabó rechazando.
Aún le quedaba un gasto más a Aguiar por añadir: los 150.000 euros que se habrían abonado por las 250 comisiones informativas de urbanismo que se convocaron durante todo ese tiempo en relación al plan de urbanismo que se pretendía elaborar. «Nos acusan de falta de transparencias y oscurantismo porque no convocamos muchas comisiones informativas. Éstas últimas son para asuntos importantes que requieren consenso».